Alejandro Rebollo, asesor "in extremis" de Rumasa

Alejandro Rebollo tuvo un papel destacado en uno de los hechos económicos más relevantes de la Transición española: la expropiación del "holding" Rumasa en la noche del 23 de febrero de 1983 por el primer Gobierno socialista desde la Guerra Civil.

Rebollo, incorporado semanas antes al equipo de asesores del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, propietario del "holding" Rumasa, estuvo presente en la tensa reunión que protagonizó su cliente con el ministro de Economía, Miguel Boyer, y con otros responsables ministeriales 48 horas antes de la intervención, y participó en los múltiples contactos telefónicos que se produjeron en las más altas instancias durante los frustrados intentos de negociación del Gobierno con el empresario para que acatara la supervisión del Banco de España y facilitase una auditoría integral del conglomerado.

El "holding" Rumasa, que agrupaba a 300 empresas activas, 18 bancos y 60.000 trabajadores directos, y que llevaba años -ya desde fines del franquismo- bajo la sospecha de una creciente insolvencia que amenazaba con golpear al conjunto del sector financiero, contrató los servicios del abogado Alejandro Rebollo y de otros asesores externos vinculados al suarismo, caso de Fernando Castedo, para que mediaran ante el Ejecutivo socialista.

La contratación de Rebollo, abogado en ejercicio, la hizo Ruiz-Mateos por sugerencia -aseguró el empresario- de su consejero áulico Antonio Navalón, otro asesor externo recién llegado al grupo y que le había sido recomendado poco antes por el entonces presidente del Banco Popular, Luis Valls Taberner.

En enero de 1983, Rebollo mantuvo encuentros con el entonces gobernador del Banco de España, el gijonés José Ramón Álvarez Rendueles, para intentar suavizar las relaciones de Rumasa con el supervisor bancario.

La tensión se disparó el viernes 18 de febrero cuando, en una comida con periodistas, Boyer aseguró que si Rumasa seguía negándose a facilitar una auditoría del "holding" al Banco de España para que éste pudiera tener un conocimiento real del riesgo contraído por los bancos del grupo con sus empresas y sobre el estado de solvencia y liquidez de todas sus sociedades, los técnicos del Banco de España entrarían en el grupo para inspeccionarlo. Rebollo, de fin de semana en Oviedo, regresó a Madrid y, junto al responsable de auditoría interna de Rumasa (Diego Selva, otro recién llegado al grupo), acompañó a Ruiz-Mateos en la tarde del lunes 21 durante las cuatro horas de la crucial reunión en el Ministerio de Economía con Boyer y su equipo. No hubo acuerdo. Boyer sostuvo que el empresario, acorralado, apenas habló y que parecía resignado a acatar la exigencia de transparencia que le demandaba el Banco de España a cambio de las ayudas que le ofreció el Gobierno, y que Rebollo y Selva lo disuadieron por las consecuencias que pudieran derivarse. Si así fue, fue un momento de debilidad porque, una vez en la sede de Rumasa, en la plaza madrileña de Colón, Ruiz-Mateos estalló de ira: "¡Quieren que me suicide!" Al día siguiente, el 22 por la mañana, el empresario desafió al Gobierno en una conferencia de prensa multitudinaria. La respuesta (expropietaria) llegó el 23 en el Consejo de Ministros más largo de la democracia.

Suscríbete para seguir leyendo