La enseñanza concertada cuesta a la Administración pública asturiana 87 millones de euros este año. Con esa cantidad se pagan los sueldos del profesorado y otro personal, así como los gastos de funcionamiento escolar de los colegios. Según los presupuestos generales de la comunidad autónoma para 2015, el importe por alumno de Infantil y Primaria matriculado en la concertada asciende a 5.856 euros; por cada escolar de primer y segundo curso de la ESO, 7.613, y por cada alumno de tercero y cuarto de la ESO, 8.403 euros. El Bachillerato no está concertado, salvo en casos muy puntuales.
Funcionan en Asturias 72 colegios concertados, que dan enseñanza a unos 31.000 niños, aproximadamente el 23% de la matrícula total. El peso de la concertada en Asturias es un punto menor que el de la media nacional, de la misma forma que la red pública del Principado matricula a un tres por ciento más de niños que la media española. Esas diferencias, aunque no llamativas, tienen que ver con la dispersión poblacional asturiana y a la fuerza de la escuela rural donde no llega la oferta privada.
La nueva presidenta de la Junta de Personal Docente no Universitario, Emma Rodríguez, abogaba días atrás en este periódico por la desaparición de la red concertada en Asturias. "Los concertados no tienen que existir porque la red concertada se creó en unas determinadas circunstancias que ya no son las actuales. La escuela concertada trabaja en condiciones privilegiadas, pero no mejora resultados", aseguraba la portavoz de los sindicatos de la pública.
Una polémica recurrente, contrarrestada con el argumento de que los conciertos educativos están contemplados en la ley y que se trata de mantener una red docente que garantiza el derecho a elegir modelo educativo. Hay en todo ello un trasfondo ideológico que supera y solapa los intereses gremiales del profesorado, tanto de la pública como de la privada. Se rigen por convenios distintos y en relación con esos 2.450 profesores de la red concertada asturiana, la Consejería de Educación siempre recordó que ni es "patrona ni empleadora".
Los conciertos educativos nacieron en España en 1985 de la mano de la LODE, ley educativa de la primera etapa de Felipe González como presidente del Gobierno. Los conciertos venían a sustituir a las subvenciones directas que se daban a los colegios privados. A cambio, mayores niveles de control económico y una adecuación de los centros privados al sistema educativo.
En los últimos veinte años ningún colegio privado se ha sumado al sistema de conciertos en Asturias. En ese tiempo han cerrado ocho: San Juan, San Isidoro y La Asunción, en Oviedo; la Academia Mercantil, en Langreo; Los Cabos, en Pravia; San Francisco, en Villaviciosa, y Divina Pastora, en Llanes. Hubo una fusión de centros, los de la Sagrada Familia y El Pilar, en Lena. Y todo hace indicar que habrá alguna fusión más a corto plazo.
El sector tiende a reducirse. En los últimos cursos ocho centros privados perdieron líneas concertadas. Una línea es un grupo, un aula. En esta lista hay colegios de Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Sotrondio. Asturias ha perdido alumnos en la última década y las dos redes se ven afectadas, aunque parece que se ha tocado fondo. De momento. Desde el curso 2002-03 al 2012-13, la región tiene un 1% más alumnos, de Infantil a Bachillerato y FP. Nada que ver con la media nacional, que arrojó un aumento del 17%, y con comunidades como La Rioja (30%), Cataluña (28%), Valencia y Madrid (24%).
La red concertada tiene peso en todas las autonomías, sobre todo en el País Vasco donde la red pública matricula a un 51% de la población escolar y el resto del sector educativo funciona casi todos mediante conciertos.
El sistema del concierto se basa en tres grandes apartados. Por un lado los salarios del personal docente, abonados directamente por la Consejería de Educación, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social.
En segundo lugar los llamados gastos variables, destinados al pago de los conceptos de antigüedad laboral, al pago de sustituciones de profesorado y a los complementos de dirección. El tercer apartado es el de otros gastos. Los del personal de administración y servicios y los de conservación del centro escolar. Se incluyen partidas para gastos de teléfono, electricidad, calefacción, limpieza o suministro de agua.
