La nueva Ley de Montes impulsada por el Gobierno central enfrenta en Asturias a los diferentes sectores que se verán afectados por ella. Para las industrias maderereras se trata de una ley que "no ayuda" a las empresas por centrarse en la conservación y la biodiversidad; mientras que los ecologistas consideran que la ley perjudicará a los ecosistemas asturianos.

La Ley de Montes fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de enero y se encuentra en estado de tramitación en el Congreso de los Diputados, al tener abierto un periodo de enmiendas al articulado que se cerrará el próximo martes.

El proyecto ha sido fuertemente criticado por las fuerzas políticas de la oposición en Madrid y por ecologistas, y pretende contribuir a la conservación de la biodiversidad, la lucha contra los incendios y el aprovechamiento económico de los recursos forestales.

La industria maderera asturiana, representada por la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales de la Madera y el Mueble (Asmadera), ha criticado esta medida por ser "controvertida" para el sector forestal asturiano. Su gerente, Rebeca Farpón, ha explicado a Europa Press que el documento "pasa de manera muy vaga" por los problemas a los que se enfrenta el sector a diario y es "difusa y confusa" para la industria. "Nos gustaría que la ley fuera más extensa, que entrase más al detalle y desarrollase una fiscalidad forestal específica", ha subrayado.

Asimismo, Farpón ha incidido en que se trata de una ley "muy conservacionista" que "no ayuda" a los empresarios, también porque "se centra más en el entorno privado que en el empresarial". Desde Asmadera consideran que aspectos como la indeterminación en las competencias de las administraciones locales sobre la actividad forestal o la "inasumible sobrecarga administrativa" que supondrá, son aspectos "muy negativos" para el sector.

"La riqueza, el valor, el empleo y el desarrollo del medio rural vienen en gran medida dados por la actividad de las empresas maderistas, y si no se les ayuda en su gestión, el medio rural se verá muy perjudicado", ha advertido Farpón.

No obstante, la Ley también recoge aspectos que han sido valorados positivamente por Asmadera, como las vías de incentivos y subvenciones con menos trámites administrativos, la prevención y lucha contra plagas, la recuperación de la clasificación agrícola del cultivo forestal intensivo y del Consejo Forestal Nacional y la creación de sociedades forestales, entre otras.

LOS ECOLOGISTAS VEN "MENOS PROTECCIÓN" EN LA NUEVA LEY

De opinión contraria son los colectivos ecologistas asturianos, quienes consideran que el nuevo proyecto de ley es "menos protector" con el medioambiente que la norma impulsada en 2002. Según el representante de las organizaciones ecologistas en el Consejo Forestal, José Manuel Lago, las reformas propuestas por el Gobierno "eliminan" algunos aspectos conservacionistas.

Se trata, a su juicio, de una ley "más permisiva" con las explotaciones forestales, entre otras cosas porque permite la recalificación de los terrenos después de sufrir un incendio.

Por otra parte, Lago ha criticado la retirada de competencias a los guardas forestales. "Se les retira la condición de Policía Judicial, por lo que no podrán investigar delitos e infracciones como hasta ahora, hasta que no lleguen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", ha criticado. Medidas como esta, restringen las garantías de vigilancia conservación y protección, según Lago.

EL PROYECTO

La nueva iniciativa gubernamental clasifica los montes en cuatro categorías --públicos, privados, afectados por un interés general y no afectados por interés general-- para facilitar su tratamiento, organización y determinar el tipo de gestión más adecuado a su naturaleza.

Además, simplifica los procedimientos para que las Comunidades Autónomas aprueben unos modelos técnicos de gestión a los que se puedan adherir voluntariamente los propietarios forestales y mejora la gestión de los montes de socios, estableciendo la junta gestora y sus funciones.

En el proyecto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente contempla la elaboración de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que constituya el marco orientativo y de coordinación para la ordenación a escala nacional del aprovechamiento cinegético.