El Director General de Política Forestal del Principado de Asturias, José Antonio Ferreras, ha criticado este sábado el proyecto de Ley de Montes impulsado por el Gobierno central y que busca contribuir a la conservación de la biodiversidad, la lucha contra los incendios y el aprovechamiento económico de los recursos forestales. Para el responsable de política forestal, se trata de una ley "innecesaria" que facilita además la privatización de montes públicos.
En declaraciones a Europa Press, Ferreras ha expresado las "dudas" que suscita en el Ejecutivo autonómico la reforma de la ley. "Dudamos de su necesaria modificación, y no estamos de acuerdo porque esta modificación está siendo aprovechada para llevar a cabo modificaciones sustanciales en la gestión de lo público", ha criticado.
La norma "debería recoger y actualizar" aspectos de la norma del 2002, según Ferreras, pero no debería sustituirla porque "la ley vigente es la que tiene que ser". A su juicio, las modificaciones planteadas por el Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy "abren la puerta" a privatizaciones de los montes de utilidad pública, "que desarrollan funciones como el mantenimiento de las condiciones en las cuencas hidrológicas".
El departamento que dirige Ferreras se opone además a la recalificación de los terrenos después de que hayan sufrido un incendio. La actual norma contempla la prohibición de esta clasificación hasta que no pasen 30 años del incendio, aspecto que con el proyecto actual se suprime. "Abre la puerta a la clasificación de estos terrenos como urbanizables", ha advertido.
Por otro lado ha criticado el cambio en el estatus de los guardas forestales, a quienes se les despoja de su autoridad como policía judicial. En opinión del director general de Política Forestal, los guardas "deben seguir" con el estatus actual, puesto que se trata de un colectivo "de los más eficientes que hay" en la defensa de las labores en el territorio rural.
A pesar de que consideran "innecesaria" la modificación de la ley de 2002, desde el Principado han valorado positivamente la regulación de los montes de socios, al no exigir la unanimidad en las decisiones por parte de todos los propietarios de montes para su gestión, sino la aprobación de cuatro quintas partes de todos los socios.
"Nos parece bien, pero también ha de darse la circunstancia de que en el supuesto de que los montes reviertan al Estado, este los clasifique como de utilidad pública para que no puedan enajenarse a terceros", ha explicado.
La Ley de Montes fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de enero y se encuentra en estado de tramitación en el Congreso de los Diputados, al tener abierto un periodo de enmiendas al articulado que se cerrará el próximo martes.
El proyecto, fuertemente criticado por todas las fuerzas políticas de la oposición en Madrid, y también por el Principado, pretende contribuir a la conservación de la biodiversidad, la lucha contra los incendios y el aprovechamiento económico de los recursos forestales.
