Solicitar ayudas, decidir beneficiarios, repartir dinero entre los centros educativos, gestionar las compras, registrar los libros, repartirlos entre los alumnos... Es el sistema para el préstamo de libros de texto en los 400 colegios e institutos públicos de la región que se tiene que poner en marcha para el nuevo curso. Todo ello en apenas 80 días, los que restan de aquí al 1 de septiembre, fecha oficial de su inicio.

Los planes de la Consejería de Educación parecen chocar contra el cronómetro. La Junta de Personal Docente avisa: hay centros a los que no le dará tiempo. Pero hay más. Los profesores aseguran que "no hay base legal que justifique un sistema por el cual las familias son beneficiarias de las ayudas pero no tienen derecho a gestionar ese dinero", explica la presidenta de la Junta de Personal, Emma Rodríguez.

Hay en el cajón presupuestario 2,4 millones de euros (400.000 más que el año pasado) para esas ayudas a alumnos pertenecientes a familias con pocos recursos económicos. Los pone la Consejería; el Ministerio, ni un euro.

El sistema de reparto es nuevo, y este año ya compete de forma obligatoria a todos los centros. Las ayudas serán ingresadas en la cuenta bancaria de los colegios e institutos, y los directores se las agenciarán para buscar las ofertas de libros más baratas. El sistema está plagado de interrogantes. ¿Se compran a las editoriales directamente o a las librerías?

Luis Martín, presidente del Gremio de Libreros de Asturias, se lamenta de que "para el próximo curso calculamos que solo el veinte por ciento de los libros de texto van a pasar por librerías". Los libreros no pueden enfrentarse a lo que Martín llama "pelea a muerte" entre las editoriales por hacerse con los libros de texto de los colegios.

La propuesta de cheque libro presentada hace años por el gremio se quedó en nada. "Era la mejor fórmula. Que la Consejería entregara el cheque a los padres, que éstos fueran a las librerías y nosotros dábamos los libros con el ticket correspondiente y cobrábamos después a la Administración. No nos hicieron caso", asegura Luis Martín.

La Consejera de Educación, Ana González, recomendó ayer a los colegios e institutos que adquieran sus libros en "las librerías del barrio" y apostó por el "comercio de cercanía".

La Junta de Personal Docente está dispuesta a dar la batalla. Presentó un recurso de reposición contra la resolución del préstamo de libros, y un recurso de alzada contra la guía de instrucciones a los centros. El primer argumento es que 105 euros por alumno beneficiario apenas da para tres libros. El segundo, que no se contemplan ayudas para otro material escolar. En tercer lugar, los representantes de los profesores lamentan "que se haga recaer en ellos unas responsabilidades que nos les competen, sin contar con la montaña de libros que llegará a los centros, sobre todo a los institutos, y que habrá que sellar, registrar, clasificar y repartir a los alumnos. A ver de dónde se saca tiempo", dice Emma Rodríguez.

Los libros quedan como propiedad del centro. Si el libro se deteriora o se extravía, la responsabilidad es del alumno y, consiguientemente, de la familia. Si un alumno cambia de centro a mitad de curso no se lleva sus libros "y puede que llegue a un nuevo destino donde no tengan disponibles libros alternativos".

Hasta cuatro cursos pueden estar vigentes los libros de texto. Está por ver cuántos de esos libros que serán adquiridos este año van a aguantar tanto tiempo. Este próximo curso va a ser crítico porque en los posteriores ya se contará con un fondo importante. Habrá que enfrentarse, por otra parte, a la retorcida estrategia de las editoriales de "fabricar" híbridos entre libro y libreta, de tal forma que se imposibilita un segundo uso.

Sobre el protocolo de dispensación de medicamentos a los alumnos en los centros escolares, Ana González lo calificó de positivo "porque regulariza una situación que ya existe".