El Principado está poniendo en riesgo la atención que seis asociaciones prestan a 20.000 asturianos afectados por la discapacidad (los propios discapacitados y sus familias) por una deuda de 120.000 pesetas en ayudas correspondientes al año 2014 que aún no ha abonado a estas entidades sin ánimo de lucro. Además, todavía no se han concedido las subvenciones previstas con cargo a los presupuestos de 2015. Las asociaciones afectadas adelantaron el dinero de sus fondos para mantener en vigor sus programas de apoyo e integración, pero ahora se encuentran con que el impago les puede llevar a la quiebra. A dos de ellas con carácter inmediato. Estos colectivos van a solicitar a los partidos políticos con representación en la Junta y al Gobierno regional que las ayudas a la discapacidad figuren como un compromiso explícito en los presupuestos regionales.

Asturias tiene unas 105.000 personas con alguna discapacidad reconocida y las ayudas a las asociaciones que atienden a aquellas que necesitan mayores cuidados se han reducido un 67% desde el inicio de la crisis, tal y como denunció ayer el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en el Principado de Asturias (Cermi), donde se integran las principales entidades del sector. "Sólo pedimos apoyo y compromiso del Gobierno regional y de los partidos para que miles de asturianos no se queden sin una ayuda y atención impresdincible para ellos", aseguró ayer Mónica Oviedo, presidenta de este colectivo y vicepresidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Asturias (Cocemfe).

Oviedo explicó que hasta el año 2009 existía un convenio con la Consejería de Servicios Sociales o de Bienestar Social por importe de 1,2 millones de euros pero dicho convenio se eliminó y las ayudas pasaron a otorgarse a partir de subvenciones a servicios sociales especializados. Pero llegó la crisis y comenzaron los recortes. "Nos dijeron que buscarían soluciones para mantener el apoyo y la atención". Aquellos 1,2 millones de euros se redujeron hasta 395.000 euros, un 67% menos. Parte del dinero que recibían las entidades procedía de ayudas de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, que concedía 120.000 euros a través de la propia Consejería, según explica la presidenta de Cermi. "Es cierto que no existía ningún contrato ni compromiso por escrito. Pero nosotros nos fiamos de que la Consejería cumpliría su palabra por responsabilidad y porque hacemos un trabajo que no hace nadie más. Son programas básicos que siempre se han desarrollado con normalidad y que su desaparición supondría dejar sin atención a miles de personas".

Las seis entidades ahora en riesgo de cierre o de reducción de programas y atención a dependientes contaban en 2014 con ayudas por importe de 330.00 euros, de los que percibieron 210.000 euros. Faltan los 120.000 restantes. Además, esta cuantía no figura en los presupuestos de 2015 ni tampoco se han concedido aún las ayudas correspondientes a este ejercicio.

Alfonso Medina, vicepresidente de la Asociación de Padres y Amigos de Deficientes Auditivos de Asturias (Apada), incidió en que este colectivo está considerado de utilidad pública. "No entendemos que se pueda decir que la Consejería no es responsable de lo que está ocurriendo. Quizás no son responsables legales, pero sí morales". La situación de Apada es "de quiebra técnica", lo que conllevará su cierre o, en el mejor de los casos, que sus actividades queden reducidas a un sólo profesional para realizar un servicio de información.

La Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias (Fesopras) es otra entidad en riesgo de cierre inmediato. Su presidenta, Cristina Sariego, también vicepresidenta del Cermi, explicó que "los diferentes programas que realizamos se tendrán que abandonar, y no se podrá ayudar a las personas que nos piden ayuda para las diferentes gestiones que tiene que realizar cualquier ciudadano".