La reforma del Código Penal entra en vigor pasado mañana, 1 de julio, junto a la polémica norma de Seguridad Ciudadana, la llamada "ley mordaza". Ambos textos endurecen el tratamiento penal y administrativo de las infracciones. Tres profesores de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo analizan una reforma que, para ellos, se ha elaborado "a golpe de telediario", introduce una gran inseguridad jurídica en aspectos que se dejan al arbitrio de los jueces y es difícil de aplicar.
Una cadena perpetua encubierta. La medida más polémica es sin duda la prisión permanente revisable, que parece hecha en respuesta a casos como el de Marta del Castillo, en opinión del profesor Luis Roca Agapito, para quien "la reforma es oportunista, al entra en asuntos que han tenido repercusión mediática". "En la práctica es una cadena perpetua, que contradice los principios de resocialización de la Constitución. Plantea el problema de cómo aplicarla en nuestro sistema penitenciario, cómo se van a revisar esas condenas", añade. Javier Gustavo Fernández Teruelo cree que "no hay manera de saber si un condenado está resocializado, y haremos depender la puesta en libertad de un diagnóstico que no sabemos hacer bien, de unos pronósticos de reincidencia que pueden fallar". El también profesor Jesús Bernal del Castillo considera que la prisión permanente "está fuera de los límites de nuestro ordenamiento, sin ser necesariamente anticonstitucional, va contra los fines de reinserción del sistema penal".
Faltas que pasan a ser delitos leves. Se trata de otro cambio polémico, que establece una "gran inseguridad jurídica", en opinión de los profesores. "En principio la idea no me parece mal, ya que el Derecho Penal debe reservarse para casos más graves. Lo que es criticable es la forma en que se ha hecho. Desincriminar ciertas conductas, trasladándolas al Derecho Administrativo o Civil, puede hacer pensar que ya no son infracciones. Hay además zonas inciertas, como la distinción entre el delito de hurto y el delito leve de hurto, que se dejan al arbitrio del juez", opina Luis Roca. Fernández Teruelo también se muestra crítico. "De las 44 faltas que había antes, 27 pasan a ser delitos leves, y las otras 17 se llevan al Derecho Administrativo. La desobediencia, por ejemplo, pasa a ser una infracción administrativa contemplada en la nueva ley de seguridad ciudadana, que es más dura, porque aumenta el importe de las multas y es muy taxativa, deja pocas posibilidades de defensa", indica. Pero es que además "hay un endurecimiento respecto a infracciones como el hurto, que se penan con un mes más de prisión, se duplica el plazo de prescripción y se multiplican los tipos agravados, como en el caso de la sustracción de hilo de cobre", estima. El profesor resalta también "el nuevo tipo de imprudencia menos grave, tras despenalizarse la leve". Y es que no se especifican las diferencias. Bernal también ve "distorsiones a la hora de la aplicación de los delitos leves". El profesor conviene en que "la penalidad de las antiguas faltas era tan leve que tenían que salir del Código", pero la aplicación planteará problemas procesales. Es algo general en esta reforma, cree. "Los cambios se han hecho sin pensar a largo plazo ni en la estabilidad normativa", dice.
Consentimiento sexual. La reforma eleva la edad de consentimiento sexual a los 16 años, y solo permite las relaciones con menores en caso de que haya una proximidad de edad. "Pero ésta no se especifica y eso genera inseguridad", remarca Luis Roca. Para Fernández Teruelo, "la anterior situación, con una edad de consentimiento en 13 años, no era del todo correcta, era la más baja de Europa". Según el profesor, "quizá se ha elevado demasiado esa edad, y deja en manos de los jueces, con diferentes sensibilidades, decidir en qué consiste la proximidad temporal, lo que dará lugar a fallos contradictorios". El profesor Bernal del Castillo, de acuerdo con la elevación del consentimiento, que busca proteger a los menores de edades más bajas, resalta no obstante que la reforma "no deja las cosas claras", y echa en falta medidas educativas.
Pornografía infantil. La reforma también endurece las penas respecto a los delitos de pornografía infantil, hasta el punto de establecer penas de entre seis meses y un año de cárcel para quienes entren en páginas que contengan imágenes de menores. "En este asunto llevamos un tiempo alejados de la realidad. Todo el mundo está de acuerdo en que deben castigarse estos delitos, pero ahora se están penando conductas en las que no hay niños reales", opina Javier Gustavo Fernández Teruelo. No obstante, se incluyen prácticas como el "sexting" o el "grooming", "para hacer frente a nuevas prácticas delictivas".
Difusión de imágenes íntimas. El "caso Hormigos" está detrás de otro de los cambios, que considera delito compartir vídeos íntimos en la red sin permiso, aunque la grabación se hubiera realizado con el consentimiento de la víctima. A Luis Roca y Javier Gustavo Fernández Teruelo les parece una prueba más de que se ha reformado "a golpe de telediario". Para Fernández Teruelo, la inclusión de este delito rompe una línea muy definida del Supremo, según la cual era la propia persona la que debía preocuparse de que no circulasen sus contenidos íntimos.
La "ley mordaza". Las organizaciones sindicales y sociales están de uñas con esta ley, que impone fuertes multas por las manifestaciones ilegales y los ataques a la Policía. Para Luis Roca supone "un fuerte recorte de las libertades". Bernal del Castillo opina lo contrario: "No está justificada la violencia con las fuerzas de seguridad. Algunas de esas prácticas son extralimitaciones de algunos derechos. No veo que la ley suponga un recorte de libertades. Aclara que hay prácticas que no son tolerables".
