Los grupos parlamentarios suscribieron ayer (salvo el PSOE, que no manifestó su postura) un documento de apoyo a las asociaciones de atención y servicios a la discapacidad para que el Gobierno regional busque una solución in extremis y habilite una partida de 120.000 euros que evite su desaparición. El documento incluye además una propuesta para que los partidos de la Junta General insten al nuevo Ejecutivo del Principado a fijar una cuantía anual en los presupuestos destinada a la financiación de estos colectivos, que atienden a unas 20.000 personas con minusvalía y a sus familias.
Miembros del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad del Principado de Asturias, conocido como CERMI, mantuvieron una reunión el pasado miembros con integrantes de todos los grupos parlamentarios, a lo que trasladaron las dificultades económicas que atraviesan seis colectivos después de que la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias eliminase el convenio con la Caja de Ahorros por importe de 120.000 euros. Las asociaciones afectadas habían adelantado ese dinero para desarrollar sus programas y ahora se encuentran en números rojos. Dos de ellas incluso a punto de cerrar si no se les da una solución urgente.
Mónica Oviedo, presidenta de CERMI-Asturias, se mostró confiada en lograr el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con la vista puesta en conseguir así la ayuda del nuevo Gobierno regional.
Mientras tanto, las asociaciones de ayuda y atención a los discapacitados buscan soluciones intermedias que permitan que las asociaciones que se encuentran en mayores dificultades económicas no tengan que cerrar, aunque se vean obligadas a reducir aún más sus programas anuales hasta que aseguren una financiación que les permita su desarrollo como hasta ahora.
En esta situación se encuentran la Federación de personas sordas del Principado (Fesopras) y la Asociación de padres y amigos de deficientes auditivos de Asturias (Apada), que adeudan los salarios desde hace varios meses y ya no les quedan recursos para pagar la Seguridad Social de los trabajadores que atienden directamente a los asociados.
Los grupos parlamentarios de Podemos e IU reclamaron públicamente que el Gobierno regional asuma el pago de los 120.000 euros, o al menos de 50.000 con carácter inmediato para evitar el cierre de Fesopras y Apada.
Otro de los asuntos planteados en esa reunión fue crear una comisión parlamentaria de la discapacidad, en la que se analicen los problemas de este colectivo. Sin embargo, este asunto puede quedar relegado a un debate posterior, teniendo en cuenta que hoy se inicia el debate de investidura del nuevo presidente del Principado, que probablemente no será elegido hasta el viernes.
