El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un convenio entre el Principado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para promover actividades de seguimiento y valoración de personas con sospecha de haber desarrollado patologías relacionadas con la exposición a fibras de amianto durante su actividad laboral.
Cada una de las entidades firmantes asumirá los gastos propios que se deriven, por ejemplo, de evaluar el menoscabo funcional o contingencia profesional que presenten los afectados, según detalla la reseña del Consejo de Gobierno.
El Principado ha creado un registro de trabajadores con antecedentes de exposición a amianto como parte del programa para la vigilancia de la salud laboral.
Con este acuerdo, ambas partes se comprometen, además, a constituir un grupo de trabajo, integrado de forma paritaria por expertos procedentes de la Dirección General de Salud Pública y del Instituto Nacional de la Seguridad Social para coordinar el seguimiento de los trabajadores expuestos a amianto en Asturias.
El grupo intercambiará información que permita mantener las bases de datos, revisar la tipología de pruebas diagnósticas necesarias y los informes de especialistas.
