Al respecto del Ayuntamiento de Oviedo, la juez hace constar en el auto que a Joaquín Fernández se le "encontró documentación donde se incluyen gastos y pagos realizados a políticos presuntamente en algunos de cuyos conceptos se indica que es para conseguir contratos para las empresas del grupo Aguas de Barcelona (Agbar)". Y añade que, entre ellos, "habrían sido agasajados" Agustín Iglesias Caunedo y Manuel Pecharromán Sánchez. En concreto, se indica que "ambos habrían recibido los siguientes viajes": a Nueva York, año 2009; a Florida, en 2009 y matiza que "en esta ocasión Agbar recurre nuevamente a CPS, a cuyo nombre se habría emitido la factura", e invitación y pago de un viaje a Croacia, año 2009. Pero además, "también existe documentación sobre otros viajes de menor alcance así como sobre otros pagos de otros eventos y tipo (comidas, entradas) realizados a favor tanto de Agustín Iglesias Caunedo como de Manuel Pecharromán, quien en 2010 y 2012 habría recibido otros viajes a Madrid".

La investigación que instruye la jueza Pilar de Lara, y que afecta a varios dirigentes del PP asturiano, ha sumido al partido en la confusión. La preocupación es la nota dominante, según fuentes próximas a la dirección regional. Sin comunicación oficial, sí trascendió la sorpresa por los hechos investigados en el marco de la operación Pokémon. Tanto la dirección general como la propia presidenta del partido, Mercedes Fernández, se enteraron de lo ocurrido por LA NUEVA ESPAÑA, siempre según las mismas fuentes. Y lo único que sabe la presidenta por boca de Joaquín Aréstegui es que éste le ha comunicado que sigue de vacaciones.

En lo que se refiere concretamente a las sospechas sobre el presidente del PP de Avilés, Joaquín Aréstegui, su implicación podría precipitar un relevo que afiliados del partido llevaban madurando desde hace tiempo. Y así, aunque el objetivo era realizar un cambio tranquilo sin dejar cadáveres políticos, ahora son muchos los que consideran que Aréstegui ya no tiene más recorrido al frente del partido en Avilés y que es urgente su sustitución.

Por su parte el portavoz del PP en Avilés, Carlos Rodríguez de la Torre, hizo patente también su preocupación por los hechos investigados, aunque afirmó que siempre desde la prudencia. "Sólo conozco los hechos por los medios de comunicación". Eso sí, afirmó que ahora "a unos les corresponde explicar y a otros actuar".

La noticia del registro en casa Aréstegui sublevó ayer los ánimos de muchos afiliados de base del partido, no sólo por la mala imagen que supone esta investigación para el Partido Popular, sino también por el hecho de que la cúpula regional no tomara ninguna medida inmediata.

Según fuentes del partido, es necesaria una decisión urgente por parte de la presidencia para desmarcarse de posibles acciones delictivas por parte tanto de Aréstegui como del exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, y del exconcejal gijonés Manuel Sánchez Pecharromán.

Otros representantes políticos, los de las formaciones de IU, Somos y Ganemos en el Ayuntamiento de Avilés, aprovecharon la investigación para atacar con dureza la privatización de servicios. El portavoz de IU, Alejandro Cueli, deseó que la jueza "pueda investigar y destapar" el presunto caso de corrupción. "Ya sabíamos que con la privatización de la gestión del agua hay gato encerrado".

El concejal de Somos Xune Elipe añadió que por presuntos delitos como el que se investiga es por lo que su partido se opone a la política de privatizaciones, y el portavoz de Ganemos, Agustín Sánchez, criticó que una empresa como Aquagest, con la carga de sospecha que lleva a sus espaldas, pueda seguir contratando con la administración.