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El último auto de la juez del "caso Pokémon"

Caunedo y Pecharromán, del PP, viajaron a EE UU y Croacia con la trama del agua

La red pagó obras y muebles y entregó cantidades en efectivo al exdiputado popular avilesino Aréstegui, en cuya casa fueron hallados escondrijos con dinero y papeles

El exalcalde de Oviedo Agustín Iglesias Caunedo y el exconcejal gijonés Manuel Pecharromán, ambos del PP, viajaron en 2009 a Nueva York, Florida y Croacia a cuenta del grupo Agbar, al que pertenece Aquagest, dedicada al abastecimiento de servicio de agua en distintos ayuntamientos de Asturias, según el auto de la juez de Lugo, la gijonesa Pilar de Lara, que ha decidido elevar a la Audiencia Nacional la llamada trama del agua, una parte del "caso Pokémon". Estos dos dirigentes del PP no fueron los únicos agasajados. El presidente del partido en Avilés, Joaquín Aréstegui, se benefició, según la juez, con la rehabilitación de un inmueble, dinero en efectivo, la compra de muebles para su vivienda, pagos de viajes, comidas y gastos extraordinarios. Ninguno de los dirigentes aludidos en el auto respondió ayer a las insistentes llamadas y mensajes de LA NUEVA ESPAÑA para recoger su opinión. Caunedo está de viaje de luna de miel.

Estos pagos y viajes atribuidos a estos destacados dirigentes del PP figuran en el auto dictado el martes por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, instructora del "caso Pokémon" sobre corrupción política y sobornos para la concesión de distintos servicios municipales, una investigación que acabó provocando piezas separadas en Asturias y en Galicia. De Lara se ha inhibido y ha remitido la causa a la Audiencia Nacional, al afectar la investigación a numerosos ayuntamientos que corresponden al menos a cinco audiencias provinciales. En dicho auto se advierte por primera vez de que pudiera considerarse a Aquagest "como una verdadera asociación ilícita".

Esta empresa se dedica al tratamiento y abastecimiento de aguas y está presente en Asturias, Aragón, Navarra, La Rioja, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Galicia, aunque en esta última cambió su nombre por el de Viaqua a raíz del "caso Pokémon".

En el auto judicial, de 53 páginas, la magistrada se refiere a los "conseguidores" o "abrelatas", que son los intermediarios que se encargan de "captar a personas que por sus actividades laborales y relación con la política pudiera llegar a los responsables de las contrataciones públicas". Y enumera sus características: ser miembro activo o haberlo sido de un partido político con amplia implantación en la comunidad autónoma; estar bien relacionado, tanto en los ayuntamientos como en las diputaciones y en el gobierno autónomo; ser conocedor del sistema de contratación pública; conocer el funcionamiento interno de las administraciones públicas y disponer de enlace en cada ayuntamiento o diputación. Ese perfil lo cumplía Francisco Joaquín Fernández Díaz, expresidente del PP en San Martín del Rey Aurelio, ya imputado en la causa.

La juez resume en su auto todas las investigaciones. En Avilés se investigó la concesión de la gestión del servicio de aguas al grupo Agbar y las relaciones entre el Ayuntamiento y empresas del grupo "al existir indicios de la posible connivencia entre dicho grupo empresarial y diversos representantes municipales, entre los que se encontrarían la entonces concejala María del Carmen Vega Fernández y su esposo, Joaquín Aréstegui Artime". Y añade el auto que "particularmente" ambos "habrían sido beneficiados con la entrega de dinero en metálico y la realización de obras y servicios con posterioridad a la privatización del servicio de aguas y supuestamente en contraprestación a la consecución de dicho servicios por parte de Agbar, que habría utilizado en parte para ello a la empresa CPS, colaboradora del grupo".

A partir de ahí, se indica que se "habría beneficiado" a Aréstegui con "la rehabilitación de un inmueble sito en Brigadas Internacionales número 1 de Avilés, que según los datos encontrados en el ordenador de Joaquín Fernández Díaz facturaría a la empresa Aquagest". El auto añade que también se pagó "una renta a Aréstegui mientras duraban las obras, e incluso más tiempo; dinero en efectivo; adquisición de mobiliario para su vivienda; pagos de viajes, comidas y asunción de gastos ordinarios".

Añade el auto que Aréstegui "habría concertado un contrato de alquiler de la vivienda sita en calle Brigadas Internacionales número 1, en la que residía Joaquín Fernández Díaz, si bien el contrato no está a su nombre sino al de la empresa CPS, colaboradora del grupo Agbar, que es la que factura y abona el alquiler de Joaquín Fernández, aunque posiblemente quien finalmente se hace cargo de dicho alquiler es Aquagest".

También se hace mención a la estancia pagada de Aréstegui en el balneario de Las Caldas, que ya fue investigada por la titular del Juzgado número 3 de Avilés, Elena González, y que archivó el caso al estar prescrito.

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