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El "conseguidor" de la trama del agua recibía dinero negro para pagos a políticos

La juez pone el foco en los contratos con Aquagest de una empresa pública gestionada por Pérez Espinosa (PP)

Joaquín Fernández. RICARDO SOLÍS

Joaquín Fernández, expresidente del PP de San martín del Rey Aurelio, empleado de la empresa Aquagest y protagonista principal de la llamada "trama del agua" en Asturias (supuestos pagos a políticos a cambio de adjudicaciones de servicios públicos) admitió en su declaración ante la juez instructora del caso, la gijonesa Pilar de Lara, "la existencia de dinero negro" cuya finalidad era, presuntamente, "remunerar a políticos y funcionarios".

De Lara, instructora del caso en el Juzgado de Primera Instancia de Lugo, ha dictado un auto por el que se inhibe en favor de la Audiencia Nacional. Y en ese documento también indica que Fernández y su "socio" Roberto Orviz facturaban obras a empresas del grupo Agbar -al que pertenece Aquagest- con un sobrecoste de entre el 15% y el 33% del precio del mercado en concepto, supuestamente, de comisión.

En el auto cita De Lara tres viajes a EEUU y Croacia que Aquagest pagó, presuntamente, al exalcalde ovetense Agustín Iglesias Caunedo y al exedil gijonés Manuel Pecharromán, aunque ellos aseguran que los pagaron de su bolsillo. Ambos son amigos de Joaquín Fernández. Pero la relación de políticos que figura en el auto también incluye a Isabel Pérez Espinosa, exmujer de Caunedo, exconcejala en Oviedo, y antecesora de Mercedes Fernández en la candidatura del PP a la presidencia del Principado. Según la juez, la sociedad Acuanorte, de la que Pérez Espinosa es delegada, efectuó "compras/ pagos" a Aquagest (donde Joaquín Fernández actuaba como conseguidor de contratos) por un importe global de 1.059647.91 euros.

Joaquín Fernández es bautizado como "abrelatas" por los propios integrantes de la trama, por su papel para abrir las voluntades políticas en la concesión de servicios públicos. Según el auto, fechado el 28 de julio, "el propio Francisco Joaquín (Fernández) en su declaración reconoció la existencia de dinero negro que le entrega Aquagest en concepto de gastos de representación, supuestamente con la finalidad de remunerar a los políticos y funcionarios. Al tiempo del registro domicilio se le incautaron unos 80.000 euros".

Pero no se queda ahí. Añade De Lara que "en varias obras se observa que Joaquín Fernández y su socio Roberto Orviz, a través de varias constructoras, facturan obras a las empresas del grupo Agbar aplicando un sobrecoste al que denominan 'margen bruto' de entre el 33% y el 15% del precio de mercado". Y afirma que "dicho 'margen bruto' podría tratarse de la comisión de Joaquín por ejercer su influencia en dichas contrataciones. De ese 'margen bruto' presuntamente tendría conocimiento Aquagest, ya que sería su abogado, José Luis Colomo del Pozo, al que Francisco Joaquín informa, el encargado de tramitar la facturación de dichas obras".

Además, en el registro de la vivienda de Joaquín Fernández se halló una carta de despido con fecha 6 de mayo de 2011, por "la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado" y "reiterados incumplimientos en el desempeño de sus funciones habituales". Pero con la misma fecha hay otro documento que es un acuerdo de despido improcedente, con el compromiso de abonar a Joaquín Fernández 43.904,44 euros. Y con fecha de 1 de julio de 2011 figura un compromiso de reincorporación válido y obligatorio durante ocho años. Dice la juez:"Se comprueba que vuelve a ser contratado por empresas del grupo Agbar, eso sí, habiéndole pagado una indemnización de 43.904,44 euros, evitando así el pago de impuestos que genera esa indemnización. Despido que parece no era tal, al volverlo al contratar casi inmediatamente".

Otro de los políticos populares involucrados en esta trama que la juez De Lara ha traspasado a la Audiencia Nacional es Joaquín Aréstegui, presidente del PP de Avilés. En el caso de Aréstegui el auto le atribuye haberse beneficiado de la reforma de un piso en la villa avilesina, de la compra de muebles, de dinero en metálico y de viajes. La dirección regional del PP le exigió el sábado que ofreciera explicaciones públicas, al considerar que su cargo es "incompatible" con mantener el silencio sobre su implicación. Aréstegui convocó ayer a los periodistas para un encuentro hoy en Avilés. Un sector del partido se ha manifestado en círculos internos claramente a favor de la destitución de Aréstegui al frente de sus responsabilidades en el PP.

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