El presidente del PP de Avilés, Joaquín Aréstegui, no está ni imputado ni acusado, pero el registro que realizaron en su casa agentes de Aduanas, así como las sospechas que vierte la juez Pilar de Lara -instructora del "caso Pokémon"-, sobre su posible connivencia ilícita con la empresa Aquagest, sume en el malestar a algunos miembros de la directiva avilesina. Y el malestar no es nuevo: ya colea desde las municipales de mayo, cuando el PP no remontó en número de concejales pese al desplome de Foro, que se quedó fuera del Ayuntamiento.

La crisis en el seno del partido se materializó hasta ahora en la petición, por miembros del órgano directivo, de una reunión extraordinaria de la junta, petición que fue rechazada por la secretaria general y diputada, Carmen Rodríguez Maniega. Ya Aréstegui advirtió el lunes que dará explicaciones pero "en frío, con todos los datos en la mano, y cuando esté el mayor número de miembros de la directiva posible, después del periodo vacacional". La juez que investiga el caso apunta a Aréstegui en su último auto como posible perceptor de dinero y beneficiario del arreglo de un piso y de muebles.

Tampoco la cautela de la presidenta del PP regional, Mercedes Fernández, es del agrado de los que consideran en Avilés que ante la mera sospecha de delito, y para evitar mal mayor al partido, debería de ser temporalmente apartado del cargo. Y más cuando hace pocos meses ya estuvo imputado por otra investigación de la "trama del agua", aunque, según la juez avilesina que llevó el caso, su posible delito había prescrito.

De los seis concejales del PP que forman parte de la Corporación actual, sólo dos se han marcado claramente en favor de Aréstegui: el exportavoz Constantino Álvarez y el expresidente de Nuevas Generaciones Alfonso Araujo, los únicos miembros del grupo municipal que le acompañaron durante la rueda de prensa en la que defendió su inocencia. Y al menos una decena de miembros de la directiva estarían también incómodos con la situación.

Los defensores de Aréstegui, por su parte, sostienen que no hay razón alguna para la dimisión, toda vez que no hay imputación de por medio. Y aseguran que los críticos con el presidente del PP de Avilés aprovechan ahora esta coyuntura de la investigación para poner todos los palos posibles en las ruedas de la maquinaria que lleva al frente del partido desde hace más de dos décadas.