Siete personas más se incorporarán a los equipos de valoración de la discapacidad que trabajan en el Principado para aplicar la ley de Dependencia. Así lo anunció ayer la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, en su primera comparecencia pública tras incorporarse al Gobierno regional. Varela aseguró que su consejería tiene como objetivo llegar al mes de diciembre con 22.000 dependientes integrados en el sistema público de atención a la discapacidad, frente a los 15.000 que hay en la actualidad, un incremento del 46 por ciento. Para ello, la primera medida que han adoptado es el refuerzo del personal. "Pensamos que es indispensable contar con equipos de valoración estables", afirmó la consejera, tras el consejo de Gobierno, que aprobó la ampliación de la plantilla destinada a hacer estos trabajos.

El objetivo es incorporar al sistema, antes del 31 de diciembre, a los dependientes moderados (de grado 1, según la legislación), que a partir del 1 de julio pasado están protegidos por la ley, y tienen derecho a planes individualizados de atención para facilitar su integración social. De los 6.500 dependientes moderados censados en Asturias, y que desde el pasado mes están amparados por la ley de Dependencia, 1.700 ya cuentan con estos planes individualizados de atención y, según destacó ayer Pilar Varela, ya disfrutan de algún tipo de prestaciones públicas (centros de día, citó en concreto). El objetivo, con el nuevo refuerzo de personal, es hacer las valoraciones y los planes individuales a todos los restantes, de forma que en diciembre la totalidad esté incluido en el sistema de atención a las personas dependientes.

Varela hizo este anuncio un día después de que el Observatorio de la Dependencia publicara los datos nacionales, y suspendiera a Asturias en los baremos sobre la aplicación de la ley. Para la consejera, hay explicaciones para el suspenso recibido por la región: el informe no recoge algunos de los gastos que hace el Principado en la atención a los dependientes, mientras que en otras comunidades estos mismos gastos sí cuentan a la hora de optar a una buena nota. En concreto, la consejera se refirió a los gastos de personal. "Nosotros apostamos por equipos de valoradores integrados por empleados públicos, ya que consideramos que es necesaria la estabilidad en el empleo. Estos gastos de personal no se contabilizan, mientras que otras comunidades autónomas contratan a empresas externas para hacer las valoraciones, un dinero que sí cuenta a la hora de evaluar la aplicación de la ley", indicó la consejera. Además, aseguró, hay comunidades que sólo dan acceso a la atención a la discapacidad cuando la persona ya está aceptada en el sistema de Dependencia. "Nosotros tenemos personas pendientes de valoración pero que han accedido por otras vías a las prestaciones. Esa doble vía de acceso que tiene Asturias no se contabiliza en el estudio".

De todos modos, la consejera insistió en que la gestión se puede mejorar. "La evaluación es una foto, o una trayectoria. Estamos seguros de que en diciembre, en el próximo informe, Asturias aprobará", concluyó.