El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, instó ayer al Gobierno del Principado a que ponga en marcha en la legislatura recién comenzada un "rescate ciudadano". Aprovechando el inicio de los mandatos, Alonso estableció un orden de prioridades para los gobiernos locales y el regional que exige, a su juicio, el bloqueo de las ejecuciones hipotecarias, erradicar la precariedad energética (familias que sufren cortes en los servicios de agua, luz y gas) y la pobreza infantil. El representante de la asociación mantiene que un veinte por ciento de los beneficios de las empresas es fruto del abuso y del fraude a los consumidores y por esa razón, declara, "proponemos un rescate de los ciudadanos frente a los abusos de las empresas". A juicio del máximo responsable del colectivo de consumidores, "los poderes públicos se han centrado más en los intereses económicos de las compañías que en proteger los derechos de las personas".
Más concretamente, Alonso acusó a la operadora EDP-HC Energía, la principal en el sector energético en Asturias, de engañar a sus clientes tras cambiarles el contrato de un mercado regulado (contrato con un precio fijado por el Gobierno), a uno libre de la propia compañía "sin consentimiento expreso ni conocimiento de los consumidores", destaca. El presidente también condena el aumento del precio del carburante y concluye que "los consumidores son súbditos del mercado".
