Una de las asignaturas pendientes de la política regional, que se arrastra ya desde principios de los años 90 del pasado siglo, es el tratamiento del área central de Asturias como una zona metropolitana, capaz de armonizar los usos del suelo, la promoción de vivienda, los usos comerciales, las comunicaciones internas o la prestación de servicios. La falta de un órgano supramunicipal capaz de impulsar esta cohesión de la zona que ocupa el 20 por ciento del territorio, pero donde vive el 80 por ciento de la población asturiana, ha dificultado el impulso de políticas comunes, aunque sí se han creado algunos consorcios con esta visión global, como el de la gestión de residuos, la de abastecimiento de agua (CADASA) o el de transporte.
Profundizar en esta prestación conjunta de los servicios públicos es una de las apuestas del pacto de investidura. En concreto, el pacto establece que a lo largo de este otoño, antes de que finalice el año, el Gobierno debe aprobar las directrices de ordenación del área central de la región. Se trata de un documento sumamente complejo, que aborda desde el diseño urbanístico a la ordenación de los usos comerciales, el tratamiento medioambiental o las infraestructuras. Estas directrices se basarían en las contempladas en un documento cuyo avance aprobó el Gobierno regional en 2006, pero que nunca llegó a entrar en vigor.
Además el acuerdo contempla la creación de consorcios para prestar conjuntamente servicios públicos, entre los que cita la gestión turística.
El portavoz de IU en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares plantea un objetivo aún más ambicioso, la creación de un consorcio para la gestión cultural, un objetivo difícil, ya que en si por algo se han caracterizado las ciudades asturianas es por competir entre sí, con especial incidencia en materia de equipamientos culturales o turísticos.
No obstante, Oviedo ya planteó en su momento la posibilidad de crear un consorcio para gestionar grandes equipamientos turísticos, como el Palacio de Congresos de Santiago Calatrava, después de que quedara patente que la privatización del equipamiento de Buenavista había fracasado. La idea del entonces alcalde, Agustín iglesias Caunedo, no fructificó.
Para Llamazares, la creación de este consorcio cultural tendría gran interés para la cohesión del centro de la región, aunque reconoce que no es fácil, "ya que las ciudades asturianas se han dedicado a competir entre sí, cada una buscando un equipamiento singular". Junto al Palacio de Congresos ovetense, Gijón cuenta con La Laboral, y Avilés, con el Centro Niemeyer.
Donde Llamazares está pidiendo más rotundidad al Gobierno asturiano es en la aplicación de la LOMCE, la conocida como "ley Wert". El acuerdo de investidura establece la petición de una moratoria, y la implantación de medidas para atenuar los efectos de la ley, pero ayer el portavoz de IU reclamó que Asturias lidere "un frente" con otras comunidades contrarias a la ley, como Cantabria, para intentar frenar su aplicación. El ministro de Educación ha convocado una la conferencia sectorial sobre este asunto, el próximo día 13.
