Los padres no están dispuestos a que se generalice la instalación de cámaras de seguridad en los colegios asturianos sin su consentimiento. Los principales colectivos de la región creen que la normativa que prepara la Consejería de Educación y Cultura para regular el empleo de estos dispositivos en el interior y el exterior de los centros debe contar con el "respaldo unánime de la comunidad" para evitar problemas legales que afecten a la imagen de los menores. Además, consideran que las direcciones tienen que consultar a las familias antes de aprobar su colocación. "No es un tema menor. Exige diálogo para conocer las causas que realmente impulsan a tomar este tipo de medidas", coinciden los afectados.
Para Elena Rodríguez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Asturias "Miguel Virgós", la instalación de cámaras debe responder a razones "más que justificadas". "No veo qué interés puede haber en que se grabe lo que hacen nuestros hijos dentro del colegio. Confiamos en que están perfectamente atendidos por la labor de los profesores", señala. Y también muestra recelos ante la puesta en marcha de estos circuitos de seguridad para evitar destrozos o prácticas como botellones fuera del horario lectivo. "Si los centros permanecieran siempre abiertos para el disfrute de la comunidad, como debería ocurrir, no sería necesario recurrir a estos métodos", remata.
Por estos motivos, Rodríguez considera que la instalación de videovigilancia en los colegios debe contar con el apoyo de los padres. "Está claro que una decisión así debe pasar por el Consejo Escolar de cada centro para debatir por qué, dónde y bajo qué circunstancias se van a poner las cámaras", razona. "Las direcciones no deberían apostar por algo así de manera unilateral, sin contar con nuestra opinión", finaliza la presidenta de "Miguel Virgós".
El anuncio de que el Principado prepara una normativa sobre la videovigilancia en los colegios, después de que varios la hayan colocado en el último curso, también ha levantado alguna suspicacia en la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa), aunque el texto, en principio, sólo afectará a centros públicos y no a los concertados. "Al margen de la titularidad, cualquier medida de este tipo tiene que contar con la opinión de toda la comunidad educativa", señala José Manuel Martínez Vega, portavoz de este colectivo en Asturias.
"No vamos a estar en contra de mejorar la seguridad ni de decisiones que sirvan para evitar conflictos o problemas de convivencia, pero siempre y cuando se cuente con nosotros", señala el representante de Concapa. "Este consenso es necesario tanto para la normativa que prepara el Principado como para las medidas que se tomen en cada colegio", concluye.
