Después de más de una década de gestión municipal, el futuro de los centros infantiles empieza a flaquear en Asturias. El recorte presupuestario anunciado por el Gobierno regional ha llevado a los concejos de Oviedo, Avilés, Corvera, Tineo y Mieres a reducir el personal de las aulas ante la imposibilidad de asumir los costes del servicio. El Ayuntamiento de la capital ha sido el primero en plantarle cara al Principado y exigirle que asuma de una vez por todas la gestión de las guarderías. Se trata de la misma petición que hacen los responsables de la Asociación de Escuelas Infantiles Públicas de 0 a 3 años (Asipas) y de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (Usipa) para poner fin al "caos" organizativo en el que está sumido el sector. "Lo que demandamos es un servicio público y universal", defiende Manuel Gómez Mendoza, portavoz del sindicato.
Hoy en día las escuelas infantiles sólo funcionan en 38 de los 78 concejos asturianos. En total, hay 65 centros, con 3.800 plazas, de los que hasta el año pasado dependían 520 trabajadores. Ese número disminuirá a partir del mes que viene, aunque todavía no se sabe cuánto, ya que según denuncia Henar García, presidenta de Asipas, "todavía no nos han dado los datos oficiales". En principio, María Isabel Iglesias será una de las educadoras que este curso se quedará en la calle después de cinco años en la unidad de El Quirinal, en Avilés. "Todos los años estamos con una incertidumbre tremenda. Nunca sabemos si vamos a seguir o no, ya que el número de profesores depende de las matrículas", se queja. Esta vez, las solicitudes cayeron y, en consecuencia, el Principado ha decidido apretarse el cinturón. Sin embargo, García sostiene que la reducción de personal repercute de forma negativa en la calidad educativa. El consejero de Educación, Genaro Alonso, niega que haya habido un recorte en la plantilla y asegura que los centros perdieron este año 240 alumnos.
Las escuelas de 0 a 3 años surgieron en el 2002 con el plan nacional de ordenación de las escuelas del primer ciclo de Educación Infantil, con el objetivo de facilitar la integración de los niños en los colegios como respuesta a una demanda social de apoyo a las familias en el proceso de crianza desde los primeros meses de vida. La gestión de estos centros es competencia de las comunidades autónomas, pero Asturias delegó en los ayuntamientos mediante la firma de un convenio en 2003. En virtud a este acuerdo, los municipios interesados en prestar el servicio reciben cada curso una subvención autonómica que debe cubrir al cien por cien el coste de las escuelas. El problema de gestión que subyace ahora se debe al recorte de ese presupuesto.
Manuel Gómez Mendoza asegura que otra de las dificultades que tienen los concejos para dirigir las escuelas es que, según el convenio de 2003, son los ayuntamientos los que "tienen que correr con los gastos de mantenimiento, gestión del personal contratado y de matriculación". Por si fuera poco, denuncia que las desigualdades retributivas que hay en los concejos son "tremendas" por 35 horas semanales. "Las diferencias se deben a que hay ayuntamientos que tienen más recursos que otros o que están sensibilizados con las escuelas. Nosotros lo que siempre dijimos es que no se pueden discriminar a los profesionales. Las escuelas infantiles no son guarderías, sino centros educativos", reivindica el representante del sindicato Usipa, quien agrega que los concejos que mejor pagan a los trabajadores son Langreo y Gijón.
Para romper con esta tendencia, el PSOE planteó el año pasado crear un consorcio de escuelas. Sin embargo, esa medida fue rápidamente rechazada por el resto de grupos políticos y por los propios afectados. Los docentes entendían que de este modo tampoco se estaba garantizando la universalidad del servicio. El pasado mes de abril, la Consejería de Educación publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) un decreto en el que se recogen los requisitos que deberán cumplir los centros que impartan el primer ciclo de educación infantil en la región. Entre ellas están los ratios, es decir el número de alumnos que puede haber por aula son los siguientes: ocho en las unidades de bebés, 13 en las aulas de un año y 18 en las de dos años. "Es increíble que tenga que estar una única persona atendiendo a casi una veintena de bebés en una clase", protesta Mendoza.
Para garantizar un servicio de calidad, Henar García cree que las escuelas deberían contar con más personal del que tienen ahora. En este sentido, Asipas exige una pareja docente a jornada completa por cada grupo de niños. "Eso tendría que ser así siempre, independientemente del número de matriculas que haya cada año", comenta García. Sin embargo, según protestan los afectados, lo que se está haciendo el Principado es caminar en sentido contrario sin querer escuchar una vieja reclamación: "Las escuelas deben entrar en la red educativa regional y ser públicas y gratuitas".
Para Usipas, estos centros son competencia clara de la Administración regional, como así lo fija la Ley Orgánica de Educación. De lograrse esta ansiada integración, el sindicato cree que se garantizaría "la universalidad, la igualdad de trato a los empleados del servicio, la movilidad geográfica de las técnicas de educación infantil, la homogeneidad en el servicio, la cohesión y transparencia del mismo y un mayor grado de profesionalidad". Los profesionales se manifestarán el próximo 10 de septiembre a las seis de la tarde ante la Junta General del Principado para repetir este mismo discurso.
