Los diputados nacionales socialistas, Antonio Trevín, María Luisa Carcedo y Rosa Cañizares han presentado este viernes las 50 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado con los que se busca incrementar en 493,3 millones de euros la inversión en el Principado. Trevín ha pedido al resto de grupos políticos el apoyo a estas enmiendas, especialmente al PP asturiano y su presidenta Mercedes Fernández.

"Mercedes Fernández debe convencer a su partido en Madrid de la necesidad de aprobar estas enmiendas porque sino demostrará que tampoco ella ni el PP de Asturias tienen un compromiso firme con las necesidades del Principado", ha dicho Antonio Trevín.

Los diputados socialistas por Asturias han destacado que estos presupuestos sólo tienen la finalidad de dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral del PP, un partido que va a aprobar cinco presupuestos en una legislatura y además las cuentas demuestran que ni siquiera Asturias les importa cuando inician la campaña electoral.

Para los socialistas con los PGE del Gobierno del PP se produce con Asturias "un regreso al pasado, a los noventa. Hablamos de 307 millones de euros para la región, 27 menos del año pasado", ha dicho Trevín.

Con las 50 enmiendas que tienen que ver con Asturias y que suponen 493, 3 millones de euros lo que busca el PSOE es "combatir la sequía inversora en infraestructuras; hacer frente y combatir el retroceso de las políticas industriales y mineras y sacar del olvido sectario proyectos importantes para la región que se mantienen paralizados".

Trevín ha insistido en que las cuentas del PP tienen una importancia decisiva para algunos sectores asturianos ya que no contribuyen la recuperación económica, agrandan las diferencias entre CCAA y van en contra de la modernización de la economía, sobre todo la industria, algo especialmente negativo para Asturias.

María Luisa Carcedo ha destacado que las enmiendas no se refieren todas al capítulo de gastos, sino que también se incluye una batería de propuestas para incrementar los ingresos -en unos 11.000 millones-- y siginifiquen un cambio en la fiscalidad del país.