Más inversión, aunque se hable de millones de euros, en adquisición de nuevas aplicaciones informáticas y en su mantenimiento; más contratación de personal funcionario y menos empresas privadas en la gestión de la inmensa maquinaria informática de la Administración pública asturiana. Si además se controlaran mejor los calendarios para evitar atascos en la red, los expertos coinciden en asegurar que se evitarían caos como el acontecido el lunes cuando las listas de destinos de más de 2.500 profesores interinos se retrasaron unas 15 horas (hasta las tres de la mañana de anteayer) por un problema informático al que desde Educación se puso calificativo (grave) pero que la Administración regional no quiso concretar.
Entre el martes 25 de agosto y el miércoles 27 la aplicación que recibe las peticiones de los candidatos a profesores interinos en Asturias soportó centenares de miles de registros. Fueron en teoría tres días, pero en la práctica mucho menos. Los interesados aseguran que la aplicación informática se desplomó doce horas el primer día y alrededor de otras cuatro horas el tercero. Por tanto, hablamos de 56 horas para que varios miles de aspirantes introdujeran sus solicitudes.
¿Cuántas? El Principado no lo dice, pero fuentes sindicales calculan una media de ochenta peticiones por candidato. En algunos casos de Primaria ese número se acerca puede situarse en más de 200 por docente. Si hablamos de 10.000 interinos convocados, y suponiendo que hayan realizado la petición unos 9.000, estaríamos hablando de 720.000 registros en tiempo récord.
El sistema, como decíamos, sufrió dos síncopes pero no un colapso como auguraba más de uno. El proceso de peticiones de destino docente es una de las pruebas más duras del sistema público informático en el Principado. Cuando todo el mundo pensaba que había pasado lo peor, el lunes miles de interinos, que tenían que incorporarse a sus nuevos destinos al día siguiente, se pasaron la jornada a la espera.
Una administración como la asturiana cuenta con decenas y decenas de aplicaciones, y la mayoría van a parar a la infraeestructura de la Dirección General TIC, dependiente de la Consejería de Empleo e Industria, con sede en el edificio de las consejerías en Llamaquique (Oviedo).
"En los últimos años apenas se ha invertido en la actualización de los sistemas, que en pocos años se quedan obsoletos. Con inversiones bajo mínimos y contratos con empresas externas a la baja, siempre se está en el límite", explica Yolanda Iglesias, profesora de Informática de Secundaria, miembro del Colegio de Ingenieros Técnicos y del Secretariado del sindicato Suatea. Iglesias intervino como perito informático en alguno de los juicios derivados del supuesto mal funcionamiento del sistema de peticiones, de los que la Administración no salió finalmente malparada.
Entre las cero horas del día 28 y las veinticuatro horas del día 30 la aplicación informática del Principado cotejó cientos de miles de datos y adjudicó plaza a 2.514 docentes interinos. A los sindicatos se les informó a título no oficial que cuando ese listado llegó a la Consejería de Educación desde las tripas de Llamaquique no hubo forma de abrirlo. Hay quien sospecha que no hubo ni siquiera avería, sino que faltó tiempo material para la resolución informática de ese inmenso rompecabezas que resulta de casar cientos de destinos con miles de candidatos.
"El asunto viene de lejos porque hace mucho tiempo que el Principado dejó en manos privadas el tema informático. Esto es un desastre, y eso lo sabemos todos", señalaba ayer el portavoz de la Junta de Personal Funcionario, Miguel Ángel González.
Con la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, muchas de las aplicaciones del Principado hacen agua dramáticamente. Dice la ley que "los ciudadanos tienen derecho a conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados". No se cumple con el sistema de peticiones de destino. Lo explica Yolanda Iglesias: "Se trata de un sistema en el que no hay forma humana de saber si la petición se ha realizado correctamente. Se incumplen todos los estándares de seguridad recomendados, y así pasó lo que pasó con las doce o trece personas que hace dos años se quedaron en el paro a pesar de haber cumplimentado una petición perfecta".
El "pecado" no está en el número ingente de interesados que entran en las páginas a la vez, aunque influya, sino en la "cocina" de la adjudicación. Un proceso en el que no se contempla un plazo de reclamaciones, tal y como existe en casi todas las comunidades españolas. Ninguna tiene un calendario tan escueto como Asturias. Tramitar unos plazos más amplios es la única forma de minimizar riesgos porque la actual aplicación será casi con seguridad la misma que gestione las peticiones del curso 2016-17.
Iglesias, pensando ya en el medio plazo, cree que "ninguna Administración puede estar ya dependiendo de empresas externas en este campo. Hay un muy buen grupo de funcionarios de carrera en la Dirección General TIC, hace falta contratar a más analistas y más programadores, un cuerpo que sea capaz de desarrollar las aplicaciones informáticas".
La espada de Damocles pende sobre la Consejería de Educación desde hace años, y no solo en estos días de crisis anual recurrente por la adjudicación de plazas. La misma espada que conocen bien los interinos del lugar.
