El Principado ejecutó en los primeros seis meses de 2015 un tercio del plan de inversiones, pese a tratarse de un año electoral, cuando los gobiernos suelen pisar el acelerador de las obras. No lo hizo así el anterior Ejecutivo asturiano, que hasta el 31 de julio autorizó el gasto en inversiones reales de 118 millones de euros, de los 330 del plan de inversiones aprobado a finales del año pasado gracias al pacto con el PP. A esta cifra, se le suman otros 80 millones de euros de transferencias de capital para distintos programas de ayuda o para entidades dependientes de la administración.
En inversiones reales, en los primeros seis meses la Administración regional dispuso de un 36 por ciento de su presupuesto inversor, según la ejecución presupuestaria facilitada a los grupos parlamentarios de la oposición.
La cifra es baja, si se tiene en cuenta que el plan de inversiones era ya muy reducido (330 millones de euros, dentro de un presupuesto global de 3.834 millones), que se venía de un presupuesto prorrogado y que, además, los agentes sociales habían insistido, durante la pasada concertación, en la necesidad de inyectar dinero público a la economía asturiana, uno de los argumentos que llevaron, además, al acuerdo de la anterior legislatura entre socialistas y populares.
La mayor parte de las obras previstas en el plan de inversiones corresponden a la consejería de Fomento, ahora Infraestructuras, que tiene al frente a la misma titular que en la pasada legislatura, belén Fernández. Su consejería contrató en los seis primeros meses de este año 48,8 millones de euros en inversiones reales, de un presupuesto global de 64,6 millones. A ello hay que añadir las transferencias de capital a otras entidades, que según la documentación no alcanzan el millón de euros.
La dirección general de Calidad Ambiental, una de las áreas más polémicas de la consejería por el aumento de la contaminación en el área central de Asturias, tenía previstas unas inversiones reales de 6,2 millones de euros, y en los seis primeros meses del año se invirtieron 3,1 millones.
Otra consejería que concentra gran parte del esfuerzo inversor es la de Agroganadería y Recursos Naturales, que también ha tenido continuidad en la gestión tras las elecciones del pasado mes de mayo, ya que se mantiene como consejera María Jesús Álvarez. Según el plan de inversiones aprobado a finales del año pasado, la consejería de Agroganadería tenía un presupuesto de inversiones de 75,4 millones de euros, un 22 por ciento del plan. A mediados de año, la consejería había aprobado transferencias de capital para distintos programas (al SERIDA, al banco de Tierras o a los planes de desarrollo rural) un total de 39,8 millones de euros. Además, había aprobado de forma directa inversiones reales por casi 14 millones de euros.
La consejería de Economía y Empleo, en la que sí ha habido recambio con la formación del nuevo gobierno, concentra gran parte del esfuerzo de reactivación de la economía, directamente pero, sobre todo, a través de transferencias de capital dirigidos a programas de distinto signo, muchos de ellos dirigidos a desempleados y gestionados por el Servicio Público de Empleo SEPEPA), cuyo presupuesto inversor, para ayudas y programas de reactivación, asciende a 50 millones de euros.
La Consejería, hasta mediados de año, hizo transferencias de capital por 48,2 millones de euros, de los que 25 millones se destinaron al SEPEPA para la convocatoria de ayudas, y 8,9 a impulsar proyectos de investigación y desarrollo, entre otros programas.
Las consejerías que más peso presupuestario tienen, la de Educación y la de Sanidad, consumen menos recursos en el plan de inversiones regional, ya que su gasto se concentra sobre todo en personal y gastos corrientes. En cuanto a la consejería de Educación y Cultura, con 19,5 millones destinados a ejecutar diversas inversiones, destinó en los seis primeros meses 10,64 millones, además de otros 5,7 de transferencias de capital para distintos programas de investigación e inversiones de la Universidad de Oviedo.
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda, con un presupuesto de 26 millones de inversiones y transferencias, destinó 15 millones a transferencias, la mayor parte para ayudas de acceso a la vivienda, y 6,8 millones destinados al ERA y a cooperación al desarrollo, según la documentación.
