La reforma de la ley electoral asturiana avanza aunque todavía sin compromisos definitivos. La mayoría de los grupos parlamentarios se muestran abiertos a desbloquear las listas electorales, un sistema inédito en España pero consolidado en los países nórdicos, lo que permitiría a los votantes elegir el orden de preferencia de los candidatos entre los puestos 2 y 10. Foro no estuvo presente en las negociaciones de ayer y las mayores reticencias llegaron del PP, que asiste como oyente y considera que el grupo de trabajo sobre esta reforma no tiene soporte jurídico dentro del funcionamiento de la Junta General.
La tercera reunión sobre la reforma de la ley electoral trató, entre otras cuestiones, el desbloqueo de las listas que presenten los partidos que concurran a las elecciones autonómicas, una propuesta novedosa ya que ninguna autonomía ni tampoco el Congreso ofrecen este sistema de elección, que funciona en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Holanda y Bélgica. Los grupos parlamentarios retomaron la discusión en la iniciativa, que ya fue objeto de dictamen en el verano de 2013 y que finalmente no prosperó porque el PSOE decidió desmarcarse ante la falta de la mayoría amplia que exige para un acuerdo.
El desbloqueo de las listas consiste en que los ciudadanos puedan efectuar un voto preferencial y elegir a un máximo de candidatos, en este caso nueve, de los que van en la lista de un partido político. No se trataría de un sistema de listas abiertas porque los votantes no podrían repartir sus candidatos preferentes en varios partidos y cada formación elegiría a la totalidad de la candidatura y al cabeza de lista en primarias, pero los votantes tendrían la capacidad de alterar el orden propuesto de salida por cada partido. Los grupos aún tienen que despejar dudas acerca de si nueve candidatos es un número adecuado o qué pasaría con el voto si los electores marquen más de nueve preferencias, indicó el portavoz socialista, Fernando Lastra.
"La mayor parte de los grupos está de acuerdo", afirmó Ignacio Prendes, el diputado de Ciudadanos, formación que planteó la creación de este grupo de trabajo en la Junta General en el arranque de la presente legislatura. "La aprobación del voto preferencial supondría un gran avance en calidad democrática, ya que serían los electores y no los partidos los que decidan el orden en las listas", añadió el parlamentario de la formación naranja.
Otra de las cuestiones objeto de análisis en la reunión de ayer fue la posibilidad de sustituir temporalmente a los diputados por causas que estén justificadas, una situación que actualmente no está regulada en la ley electoral asturiana. El portavoz socialista, Fernando Lastra, hizo hincapié "en la necesidad de detallar y delimitar las causas que justifiquen la sustitución temporal de un diputado para evitar un uso indebido" de esa medida. Daniel Ripa, de Podemos, señaló que esta reforma también permitiría actuar rápidamente con diputados implicados en causas judiciales relacionadas con su actividad pública. "Es una buena oportunidad para regular que políticos imputados o que tienen abierto un juicio oral puedan ser sustituidos y no permanezcan como diputados durante el período de una imputación por mala gestión o presunta corrupción", manifestó Ripa al término de la reunión.
El portavoz del PSOE, Fernado Lastra, habló de la necesidad de incluir "precisiones" en algunas de las novedades "si van a acabar en norma", al tiempo que calificó de "constructiva" la marcha del actual grupo de trabajo y se mostró "optimista" en que pueda fructificar en una reforma de la ley electoral regional. "El objetivo es hacer una reforma que de la ley electoral que cumpla un par de criterios: el mantenimiento de las circunscripciones con una ampliación de la proporcionalidad del voto y que pueda ser aprobado por una mayoría suficientemente reforzada y que no admita dudas de que lo es porque se trata de regular el sistema electoral y merece un acuerdo muy amplio, más allá de la mitad más uno de la Cámara".
Reparos del PP
El PP asistió al grupo de trabajo como oyente y la diputada Carmen Pérez de la Mata expresó las dudas sobre su legalidad, después de que plantearan días atrás una pregunta al Letrado de la Cámara en la junta de portavoces. "Este grupo de trabajo no tiene soporte jurídico", aseguraron ayer a este periódico fuentes populares.
