La "avalancha" de denuncias por corrupción que ha estado recibiendo la Fiscalía en los dos últimos años y el aumento de las diligencias de investigación penal -las derivadas de las denuncias directas del ciudadano ante el ministerio público, un total de 578 durante 2014- han sido de tal calibre que han obligado a una reorganización interna del acusado público, según puso de manifiesto ayer Esther Fernández García, fiscal superior de Asturias, durante la apertura del año judicial en el palacio de Valdecarzana de Oviedo, sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJA).

La fiscal superior resaltó que "las carencias que año tras año se mantienen en cuanto a medios materiales y personales" están limitando seriamente no sólo la "capacidad organizativa" de la Fiscalía, sino también la tramitación del creciente número de diligencias de investigación. De las 578 emprendidas el año pasado, sólo un tercio, 173, se remitió al Juzgado. Fernández resaltó el incremento de las diligencias por prevaricación, que casi se doblaron, aumentando un 88 por ciento. Buena culpa de este aumento lo tienen "las denuncias cruzadas entre partidos políticos por hechos sin relevancia penal y acompañadas de un despliegue publicitario", lo que en ocasiones hace sentir a los fiscales que son "instrumentalizados".

Fernández, que presentó la memoria de la Fiscalía ante las principales autoridades de la región, hizo un llamamiento al Gobierno regional a "mantener debidamente engrasado el sistema", algo en lo que insistió poco después el presidente del TSJA, Ignacio Vidau, quien volvió a llamar la atención sobre la precariedad de la Justicia asturiana. El presidente regional, Javier Fernández, escuchó las demandas con interés, aunque poco antes de entrar en el acto de apertura del año judicial dejó claro que "la situación económica es la que es", no sin poner en valor el esfuerzo realizado desde que las competencias pasaron a depender del Principado: 36 millones de inversión desde 2006, 1,4 millones el año pasado. El Gobierno regional acaba de comunicar a la Sala de Gobierno del TSJA un plan de obras en Juzgados por 90.000 euros.