La fiscal superior del Principado, Esther Fernández García, ha reconocido hoy que las deficiencias de personal y las bajas acumuladas entre los funcionarios a finales de 2014 provocó un "verdadero colapso" en esta institución en la que, según ha subrayado, los fiscales deben asumir funciones que no les corresponden.
De hecho, ha señalado que en Asturias aún se está lejos de que haya un funcionario por cada fiscal -hay 51 fiscales y 43 funcionarios- y que a esa deficiencia de medios personales se suma el hecho de que hay problemas a la hora de cubrir las bajas de estos trabajadores, lo que durante el pasado año provocó "serios problemas" y disfunciones.
Fernández ha subrayado que la modernización de la Fiscalía precisa también de medios tecnológicos que permitan la implantación de la oficina sin papel y de un sistema de encriptado de datos.
En cuanto a medios materiales, ha dicho que la situación es, cuanto menos, preocupante, por las limitaciones presupuestarias que deben superarse, al igual que la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, según Fernández, debe acometerse con sosiego, calma y ecuanimidad.
No obstante, ha afirmado que encara el futuro con optimismo y con la esperanza de que la memoria de la Fiscalía contribuya a identificar claramente los objetivos que hay que perseguir en 2016 para mejorar la administración de Justicia.
Fernández García ha incidido en que la Fiscalía de Asturias es "eficaz, resolutiva, dinámica, transparente y trabajadora" a pesar de las carencias de medios personales y tecnológicos que, según ha señalado ante a Cámara regional, limitan el alcance de su trabajo.
Fernández ha presentado hoy ante la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana de la Junta General del Principado la memoria de la institución correspondiente al año 2014, foro en el que ha alertado del mal uso y abuso que se hace de muchas de las denuncias por corrupción que llegan a esta institución.
De hecho, ha negado hoy que ahora haya más casos corrupción que hace años, pese a haberse registrado desde 2013 un fuerte incremento en las diligencias previas relacionadas con estos asuntos.
Según la fiscal, muchas de las denuncias que llegan por corrupción a la Fiscalía no se corresponden con casos actuales, sino producidos tiempo atrás y que no fueron denunciados en su momento por lo que "no se puede decir que ahora la sociedad sea más corrupta".
Eso sí, ha señalado que se vive una situación "especialmente delicada" por la utilización política que se hace de las diligencias de investigación.
"Me he encontrado casos sangrantes en el que se mancha el nombre de personas o instituciones que luego es difícil de limpiar, y que provoca una situación de desconfianza hacia todo y todos que no beneficia a nadie", ha dicho.
Tras advertir de que hay una delincuencia oculta y no denunciada que no se refleja en la memoria fiscal, Fernández ha destacado el "notable incremento" registrado en las diligencias de investigación penal realizadas por la Fiscalía en fase previa, que se han convertido en el cauce más idóneo para la investigación de causas de corrupción.
Sólo las relacionadas con los delitos contra la administración pública se elevaron a 80, un 88 por ciento más que el año anterior, incremento que ha llevado a la Fiscalía a designar a una fiscal específica.
En 2014 se incoaron 53.374 diligencias previas en Asturias, un 26,2 por ciento menos que un año antes, aunque se tramitaron 61.930 teniendo en cuenta las reabiertas y las pendientes de años anteriores, aunque del total sólo 7.000 se transformaron a otros procedimientos.
Desde el PP, José Agustín Cuervas Mons se ha comprometido a defender un presupuesto diferenciado para la Fiscalía y un plan de choque que dote de más medios humanos y materiales a la administración de justicia.
La diputada de Podemos Lucía Montejo, por su parte, ha denunciado supuestas filtraciones de la Fiscalía a los medios de comunicación de casos relacionados con dirigentes de esta formación y ha planteado la necesidad de esta institución se base en la carrera judicial y no en los gobiernos de turno.
