El Principado asegura que con la aprobación del decreto de copago de servicios especializados, derivado de la Ley de la Dependencia, el precio de la residencia para las personas reconocidas con dependencia se calcula en función de sus recursos económicos y no del coste de la plaza.
Pero afectados por la reclamación de la deuda niegan que esto sea así. El ejemplo práctico de uno de esos casos es el siguiente:
Una persona ingresó en 2010 en una residencia tras reconocérsele un grado de dependencia que avanzaría con el paso del tiempo y que alcanzaría el máximo en su fallecimiento, en el año 2015. De una pensión de unos 800 euros al mes, el ERA le descontaba todos los meses más de 600. Ahora, y según los datos del Principado, el coste de la plaza que ocupaba en la residencia superaba los 1.300 euros al mes, lo que implica que cada mensualidad acumulaba una deuda de casi 700 euros adicionales. Según los cálculos iniciales, la reclamación del Principado superará los 43.000 euros, aunque la cuantía está por cerrar porque la familia está a la espera de recibir la liquidación del ERA.
Es decir, la factura final de la deuda supondrá en realidad abonar el coste de la plaza y no, como afirma el Principado, calculada en función de los recursos del ingresado.
También hay versiones favorables al Principado. Un vecino de Oviedo, que reclamó anonimato, explicó que en el centro social de Teatinos "nos informaron correctamente que la deuda que se generaría sería la diferencia entre lo que abonaba al mes y el coste real de la plaza, y que se pagaba al fallecimiento si tenía patrimonio. Mi madre murió hace dos años y había ingresado uno antes. No sé si en otros sitios informaron mal, pero nosotros siempre supimos que tendríamos que pagar. Nadie nos engañó", afirmó.
