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La Sindicatura adapta sus estatutos para multar por no rendir cuentas

El político o empleado responsable del incumplimiento tendrá que pagar las sanciones de su propio bolsillo

Los funcionarios o políticos que no entreguen la documentación exigida por la Sindicatura de Cuentas tendrán que pagar las multas de su propio bolsillo. El Parlamento asturiano aprobará próximamente en una sesión plenaria la modificación de los estatutos de la Sindicatura que le permitirá imponer multas coercitivas a los responsables directos del incumplimiento en la rendición de cuentas.

El Parlamento asturiano ya autorizó al final de la pasada legislatura a la Sindicatura a imponer multas, cuyas cuantías oscilarán entre los 150 y los 3.000 euros, a las autoridades o empleados públicos que incumplan con la obligación de facilitar la documentación que se requiera desde el órgano fiscalizador del Principado. Pero la Sindicatura precisa adaptar sus estatutos de organización y funcionamiento para incorporar una competencia nueva, que no estaba entre las atribuciones concedidas inicialmente al organismo fiscalizador.

Los síndicos habían trasladado en repetidas comparecencias ante el parlamento asturiano la conveniencia de contar con herramientas que obligasen a las administraciones y entes regionales a rendir cuentas ante la pasividad y resistencia de muchos organismos en entregar la documentación requerida para su fiscalización en tiempo y forma. La principal novedad de la nueva normativa regional, aparta de la imposición de sanciones económicas, radica en que las multas no se impondrán al órgano o la entidad que no rindió cuentas sino "a la autoridad o empleado responsable". Los estatutos de la Sindicatura, que deberán ser aprobados ahora por el pleno del parlamento regional, establecen que el abono "se efectuará directamente por ellos, sin que pueda derivarse el pago de la multa a la entidad ú órgano de que se trate".

Podemos y el fracking

Por otra parte, el grupo parlamentario de Podemos ha registrado una iniciativa para prohibir la técnica de la fractura hidráulica, también conocida como fracking, en Asturias. La propuesta, registrada por el portavoz, Emilio León, justifica el veto a esa práctica para obtener hidrocarburos del subsuelo en "los importantísimos problemas ambientales y sociales" asociados, tales como la contaminación de los acuíferos y del aire.

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