La trama desaguaba por teléfono. Las conversaciones grabadas por los investigadores de la ramificación asturiana del "caso Pokémon" pintan un retrato muy poco favorecedor de algunos de los principales implicados e ilustran con ejemplos el manual de instrucciones del mecanismo de obtención de contratos públicos que utilizaba la "trama del agua". Las transcripciones contenidas en el sumario sacan a la intemperie los manejos ocultos de eso que los propios participantes identifican en sus conversaciones con el eufemismo "trabajos político comerciales" y que los informes de la investigación etiquetan como presunto tráfico de influencias entre otros muchos posibles tipos delictivos.
La reputación que dentro del propio entramado tenía Joaquín Fernández, exvicesecretario de Comunicación del PP asturiano y principal encausado como "conseguidor" de contratos o "abrelatas" de ayuntamientos para la supuesta red corrupta, se traza en dos pinceladas en la conversación de dos directivos catalanes de las empresas del grupo Aguas de Barcelona. Alexandre Ros y Oriol Morillo fueron grabados el 27 de noviembre de 2012 mientras hablaban de su "chorizo" en Asturias, "un fantasma" "más facha que Franco" que "dirigió la campaña de Isabel Pérez Espinosa cuando iba para presidenta y fracasó", que "está en el comité ejecutivo del PP en Asturias y tiene mucha relación". "¿Y es un chorizo?", pregunta Ros. "Bueno, sí... Se puede hablar de esto también, sí", admite Morillo. Éste recomienda a su interlocutor que llame a Fernández "para el tema de Llanes" después de aclarar que "éste cobra en nómina de Agbar" (Aguas de Barcelona). "Pero... ¿Nómina nómina o a éxito?", pregunta Ros. "Nómina nómina", remarca Morillo.
Henry Laíño, director de la zona Norte de Aquagest y en su día detenido y acusado de ser uno de los cabecillas de la red de captación de favores, mantiene con una interlocutora no identificada un diálogo telefónico fechado en abril de 2012 sobre la situación de Ángel Espadas, imputado como presunto "conseguidor" de contratos en Galicia. De refilón, aparecen aquí los manejos del grupo en Asturias. Sobre las labores de Espadas en la empresa dice Laíño que "va a hacer lo mismo que me está haciendo el que tengo en Asturias -supuestamente, Joaquín Fernández-. Me va a hacer un trabajo político comercial. ¿Entiendes? Abrirme puertas". "Pues nada", zanja la cuestión, "eso no tiene ningún problema, esto es el pan nuestro de cada día. El que está ahora de director nuestro en Castilla-La Mancha era el gerente de la Agencia Catalana del Agua en el gobierno anterior".
Además de ilustrar el "modus operandi" de la red, aparte de dejar retratados a sus protagonistas, las transcripciones efectuadas por los agentes del servicio de Vigilancia Aduanera ofrecen otras muchas reflexiones reveladoras. Por ejemplo, algunas interpretaciones sobre la conveniencia de tener atado un futuro al salir de la política. El 15 de diciembre de 2012, en una extensa conversación que Joaquín Fernández mantiene con Carmen Rodríguez Maniega, diputada nacional y vicesecretaria de Política Municipal del PP asturiano, ambos comparten puntos de vista sobre lo efímero e incierto de la vida política, y están de acuerdo. "Yo no sé hasta qué punto en el futuro habrá hueco o no", afirma Maniega después de que Fernández le haya detallado lo bien que le va a uno de sus contactos en una de las empresas investigadas. "Hay que tener vida fuera de esto. Es que no nos podemos dedicar sólo a estar pensando en la política, porque en cuatro años desapareces y... ¿Y qué? ¿Yo qué hago, por ejemplo, dentro de cuatro años? No sé, aquí hay que ponerse a preparar algo".
Fernández asiente y replica con su particular visión sobre el sentido de la vida política. "Y si mientras estás en la política no tienes demasiado que hacer", apunta, "porque la política parece que no se acuerda demasiado de nosotros (...), puedes hacer otras cosas para ir preparando la retaguardia".
"Vamos a vestir Cangas del Narcea entero", celebra Fernández en otra conversación, de enero de 2013, con Teresa Mallada, presidenta de Hunosa. Se refiere, según la investigación, a un contrato de 12.000 euros que ha conseguido para que la Fundación Santa Bárbara (Fusba), del grupo empresarial de la hullera, suministre vestuario laboral al Ayuntamiento.
