Agustín Iglesias Caunedo no ha sido imputado por la juez del "caso Pokémon", Pilar de Lara, pero vive en el ojo de la tormenta política desatada por el sumario, al que no tiene acceso. Mientras los agentes de Vigilancia Aduanera recaban por orden judicial expedientes municipales, buscando pruebas de posible tráfico de influencias, Iglesias Caunedo intenta, casi a tientas, armar su defensa, que ya ha puesto en manos de un experto en derecho penal. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Oviedo y exalcalde guarda un mutismo completo sobre las acciones que adoptará en el ámbito judicial para sostener su inocencia y no ha desvelado la documentación que remitirá a la juez Pilar de Lara, que la pasada semana dictó una providencia instándole a que justificase con documentos si había pagado los viajes a Nueva York, Croacia y Florida, que realizó en 2009 y que presuntamente fueron abonados por empresas de la trama. Iglesias Caunedo recibió la notificación ayer, así que aún está en plazo.
La juez ordenó el pasado día 10 la búsqueda de nuevos documentos sobre una de las actuaciones municipales que están bajo la lupa: la devolución de una fianza a Tribugest-Aquagest, cifrada en 403.000 euros (la correspondiente a las fianzas de dos contratos). Ese aval había sido presentado por la empresa como garantía del contrato de recaudación, que prestaba con el nombre comercial de Gestión de Ingresos. El convenio para devolver parte de esa fianza total (la correspondiente a 140.000.000 pesetas, ya que fue depositada en 1997, cuando aún el euro no había entrado en vigor) fue firmado por Iglesias Caunedo, que era concejal de Economía, lo que ha llevado a la juez instructora a indagar si hubo un posible cohecho o tráfico de influencias.
Según el expediente municipal, sin embargo, fue el interventor el que decidió la devolución de la fianza. En principio, en 2008, en cumplimiento de un informe del alto funcionario, la Junta de Gobierno decidió rechazar la petición de la empresa de que se levantase la caución, un dinero depositado en forma de aval en una entidad bancaria, que el Ayuntamiento podría incautar si había incumplimientos en el contrato. En principio, el interventor detectó varios, y propuso no devolver el aval. Ya en 2009 (año de los viajes, lo que ha impulsado las sospechas) la empresa recurrió la decisión y presentó alegaciones. En un informe de seis folios, el funcionario detalla qué alegaciones acepta y cuáles no y finalmente, resuelve devolver dos fianzas, correspondientes al contrato inicial, que acabó en 2002, porque "no causa perjuicio al erario público" y, "al contrario, puede ahorrar costes y dedicación a una eventual litigiosidad".
La retirada de un recurso de apelación contra la nueva adjudicación del contrato (que el Ayuntamiento había ganado en primera instancia) también pesó, según el informe técnico, en la posición del funcionario.
