El Parlamento europeo seguirá investigando si el Gobierno del Principado vulnera directivas ambientales con su política de gestión del lobo. Así lo decidió el jueves el Comité de Peticiones del Parlamento europeo, tras escuchar una solicitud del Observatorio Justicia y Defensa Animal, un colectivo ecologista que presentó asimismo 145.000 firmas en favor del lobo en Asturias.
La presidenta del comité, la sueca Cecilia Wikström, del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, desoyó la petición del representante de la Comisión Europea, que había solicitado cerrar la petición, al considerar que ni el Gobierno español ni el del Principado habían infringido normativa alguna y que "la caza de lobos es legal".
Wikström, por contra, sí atendió la petición de la representante ecologista, Nuria Menéndez de Llano, que aportó 22 documentos, en los que, a su juicio, se demuestra que el ejecutivo asturiano ha vulnerado hasta cinco directivas europeas en materia ambiental. Según Wikström, debe analizarse en detalle esta nueva documentación, con la que los ecologistas pretenden demostrar que el Principado persigue "confinar a los escasos lobos que quedan en Asturias en los espacios de la Red Natura 2000, erradicando a la especie del resto del territorio", indicó Menéndez de Llano.
La representante ambientalista defendió que el Principado no publica "las resoluciones que permiten las matanzas de lobos", como exigen las leyes europeas; tampoco remite el informe bianual que requiere la normativa comunitaria sobre este tipo de actuaciones; establece "zonas de exclusión" para el lobo, pese a la obligación de conservar a las especies "dentro de sus zonas de distribución naturales"; no acredita, como obligan las leyes, que los controles son "la única y satisfactoria solución para prevenir los daños a la cabaña ganadera"; y carece de instrumentos de planificación ambiental. Todo ello permite una "matanza indiscriminada de lobos en toda Asturias", destacó Menéndez de Llano. Los grupos de izquierdas y ecologistas en el Parlamento europeo respaldaron la petición de los ecologistas para continuar la investigación.
