La empresa murciana de seguridad privada a la que asesora Francisco Álvarez-Cascos está involucrada en un proceso judicial abierto por la presunta falsificación de la firma del comisario jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional. Esta supuesta falsificación tenía como objetivo hacerse con un contrato público de 7 millones de euros licitado por la Universidad de Valencia en 2014 para la vigilancia de sus facultades. Además, la compañía que cuenta con el asesoramiento del fundador de Foro Asturias adeuda a la Seguridad Social, por cotizaciones de los trabajadores, una cantidad que fuentes sindicales estiman en 640.000 euros.
La fiscalía de Valencia pide un año de prisión por un presunto delito de falsedad de documento oficial para un empleado de la empresa Magasegur que trabajaba en el departamento de administración y concursos de esta compañía murciana que hace dos meses contrató a Álvarez-Cascos como asesor.
Según el escrito de acusación del ministerio público, en 2014 el empleado encausado, "en ausencia por enfermedad del administrador único" de la compañía presentó "un documento falso que parecía auténtico", supuestamente rubricado por el comisario jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana. Este documento era una autorización a la empresa para abrir una delegación en Valencia.
Disponer de esa delegación autorizada -con determinadas características, como un armero o un sistema específico de alarmas- era una de las condiciones imprescindibles para poder convertirse en el adjudicatario del contrato para la vigilancia de los edificios de la Universidad de Valencia. Magasegur, según el escrito de la Fiscalía, se había presentado al concurso pese a que no disponía de esa autorización.
Así lo apreció también la Universidad de Valencia. La institución académica pidió a Magasegur que presentase el documento con esa acreditación antes del 25 de junio de 2014, advirtiéndole que si no lo hacía retiraría su oferta de la contratación. Ese mismo día 25, dice el fiscal, "el acusado presentó el documento falsificado en el servicio de contratación de la Universidad y ésta la adjudicó provisionalmente la contratación ofrecida".
Expansión
Magasegur, tal y como la propia empresa confirmó a LA NUEVA ESPAÑA, ha contratado desde hace tres meses a Álvarez-Cascos como asesor para su expansión por todo el norte de España, no sólo en Asturias. Esta compañía murciana, que tiene unos 500 empleados, se nutre principalmente de los contratos públicos, especialmente los procedentes de administraciones gobernadas por el PP. En 2014 recibió casi 10 millones de euros en adjudicaciones de gobiernos populares.
Además del proceso judicial por la presunta falsificación, la Seguridad Social acaba de remitir a Magasegur una notificación para que liquide las cuotas que adeuda correspondientes a los sueldos de los trabajadores. Esta exigencia se debe a que, tras una denuncia del sindicato USO, el Tribunal Supremo anuló las tablas salariales que la empresa había aplicado en 2012. A consecuencia de esta anulación, que obliga a la empresa a elevar los sueldos y a pagar de acuerdo con el convenio colectivo estatal, también se produce una diferencia en las cotizaciones a la Seguridad Social. Fuentes del sindicato USO estiman que la compañía tendrá que abonar 640.000 euros. El convenio colectivo de 2014 también se encuentra recurrido y pendiente de decisión judicial.
