La entrada en vigor de la nueva ley de enjuiciamiento criminal obligará a la Fiscalía a revisar un total de 9.320 causas que se encuentran en instrucción actualmente, debido a los límites a la duración de las investigaciones que introduce el texto. Un trabajo que amenaza con desbordar al ministerio público, motivo por el que se ha propuesto, desde la Fiscalía General del Estado, reforzar las plantillas más acuciadas, entre ellas la asturiana. En el destacamento fiscal de Avilés, la ratio entre fiscales y diligencias que deben revisarse se acerca casi a las 400, más de 200 en el caso de Oviedo. El plazo para revisar (y todo lo que ello supone de labores de registro) las causas abiertas anteriores a la entrada en vigor de la ley es de seis meses.
Una de las grandes novedades de la ley de enjuiciamiento es que establece un plazo de seis meses para la instrucción de los procesos. Este límite puede ampliarse a año y medio en el caso de las llamadas causas complejas, cuyos requisitos están establecidos en el artículo 324 de la ley. Se considerarán complejas aquellas investigaciones que recaigan sobre grupos u organizaciones criminales, las que tengan por objeto numerosos hechos punibles, las que involucren a gran cantidad de investigados o víctimas, las que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis periciales, las que exijan la realización de actuaciones en el extranjero, las que precisen de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas y las que traten de delitos de terrorismo. Es el fiscal quien debe solicitar al juez que declare complejas las causas, motivo por el que deben revisarlas.
Desde que la ley entró en vigor, el pasado día 6, la Fiscalía ya ha establecido pautas para distinguir entre causas simples y complejas "paulatinamente, a medida que se incoen", según señaló ayer la Fiscal Superior, Esther Fernández. Además, añadió, los fiscales tienen instrucciones de revisar las causas normales a los cuatro meses de su apertura, por si, debido a circunstancias imprevistas (como la tardanza de un informe forense, por poner un ejemplo) pueda solicitarse una ampliación. "En ese caso hay un precepto que permite al fiscal pedir al juez que alargue el plazo de finalización", aclaró.
El problema son las causas anteriores al 6 de diciembre. "Son un total de 9.320, y tenemos que revisarlas para ver si son normales o complejas, para solicitar al Juzgado correspondiente que las declare como tales, las amplíe o las finalice", reconoció. El número de causas que deben revisarse por cada fiscal dedicado a asuntos penales es muy elevado, superior a los 200 casos. En la sede judicial de Oviedo deben revisarse algo más de 4.300 causas, y tocan a 217 diligencias por fiscal. En Gijón, la cifra es más baja, 136 causas por fiscal. Pero en Avilés, la ratio se dispara a 396 causas por cada miembro del destacamento. En Langreo, con un total de 815 asuntos a revisar, cada fiscal (son tres en la jurisdicción penal) debe valorar 271 casos. "No es un problema de atrasos en las causas, sino de que hay muchos juzgados en Asturias, algunos pequeñitos, que terminan dando un importante volumen de diligencias", explicó la fiscal superior.
Esther Fernández cree que no se pondrá en peligro ninguna causa. "No es que a los seis meses nos quiten la pila", dice. Y es que las causas complejas pueden prorrogarse otros 18 meses y excepcionalmente, antes del final de esa prórroga, el instructor podrá establecer un plazo máximo para la finalización de la instrucción. "La nueva ley nos obliga a una mayor vigilancia y control del desarrollo de la causa, a justificar la necesidad de cada paso, de las pruebas que hay que practicar", asegura.
