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Responsable civil, aunque no sea penal

El "caso Villa" plantea algunas dudas sobre su futuro desarrollo. Éstas son algunas de las cuestiones suscitadas.

¿Puede Villa evitar la declaración ante la juez?

Si su estado neurológico y mental lo hiciesen no responsable, podría evitar la declaración, aunque hay gradaciones. Algunos letrados indican que incluso cuando se produce un daño neurológico importante, como en un caso de alzhéimer, es posible interrogar al imputado o testigo. El hecho de que una persona sea declarada inimputable -esto es, que no es responsable penalmente- no es motivo para que no comparezca a una declaración o un juicio. Otra cuestión es que el deterioro físico sea de tal calibre que le impida incluso presentarse ante el tribunal. En esos casos, el juez puede desplazarse hasta el centro sanitario en el que el enfermo esté ingresado o hasta su propia vivienda para formular las preguntas. La presentación de un informe de parte, como en el caso de Villa -a cargo del servicio de Neurología del HUCA-, no es suficiente y se hace necesario un informe del médico forense para establecer su estado de salud.

En caso de ser considerado inimputable, ¿continuaría el proceso?

Los letrados entienden que Villa puede ser considerado no responsable penalmente, aunque sí civilmente, si se demuestra durante el juicio que se ha producido un menoscabo económico, con lo que respondería con sus bienes patrimoniales. En caso de que haya sido incapacitado, la acción civil se realizaría contra sus tutores.

¿A qué obedece la querella del SOMA?

A raíz de conocerse que Villa había aflorado 1,2 millones en la amnistía fiscal de 2012, el SOMA realizó una auditoría que descubrió que el exsecretario general había cobrado 243.000 euros de Hunosa durante años por el comité intercentros y que nunca llegaron a las arcas del sindicato. A esta cifra ahora se suman otros 117.000 euros, 50.000 de los cuales corresponden a gastos indebidos, como 7.000 euros en puros, 3.000 en perfumes, 6.700 en restaurantes y 10.000 en gasóleo, y otros 50.000 a la compra de un coche. Este caso es distinto de la investigación de Anticorrupción para aclarar el origen de los 1,2 millones que afloró.

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