Si el Tribunal Supremo no lo remedia, en el próximo mes de junio cerca de siete mil niños de sexto curso de Primaria deberán someterse a la primera evaluación externa de las que obliga la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
El Supremo tiene la palabra porque ayer mismo el Principado de Asturias presentó ante el alto tribunal el anunciado recurso para la paralización de la aplicación del real decreto que regula la puesta en marcha de estas evaluaciones.
Asturias no está sola en este intento ante los tribunales, agotada cualquier posibilidad política y a la espera de lo que pueda pasar en los próximos días en torno a la gobernabilidad del país. El resto de las comunidades regidas por el PSOE también presentó los recursos. En todo caso, mientras el Supremo dirime (y todo indica que la cosa va para largo), la LOMCE y su desarrollo siguen el curso previsto.
El anuncio del recurso fue realizado ayer por el consejero de Educación, Genaro Alonso. Un recurso que, técnicamente, no va contra la LOMCE sino contra un determinado decreto, el 1058/2015, de 20 de noviembre, que es el que regula y marca las características generales de las pruebas de evaluación final de sexto de Primaria. La decisión de presentar recurso fue ratificada horas antes por el Consejo de Gobierno.
Evaluar al sistema
La LOMCE prevé evaluaciones externas al final de cada una de las etapas educativas. La primera, en sexto curso de Primaria; la segunda, tras el cuarto de la ESO y la tercera -a modo de la PAU-, al final del Bachillerato. La de Primaria no tiene carácter de barrera, es decir, el alumno puede pasar de curso aunque no salga airoso de la prueba. Se trata más bien de una evaluación al sistema y, de alguna forma, al colegio correspondiente.
Las otras dos evaluaciones, que quedan para el curso próximo, las de Secundaria, sí afectan directamente al alumno. Quien no las supere no promociona de curso. Hay una cuarta evaluación, a mitad de camino de la Primaria, que tiene mero carácter informativo.
"Las reválidas rompen con los criterios pedagógicos de la evaluación continua y suponen un elemento de distorsión. Además, tienen un coste emocional y económico que no aporta nada positivo ni para el sistema educativo ni para los alumnos", explicó ayer el titular asturiano de Educación para justificar la presentación del recurso.
Genaro Alonso también incide en que el Gobierno del PP "cuestiona y desconfía" de la figura del profesorado de las aulas al recurrir a personal docente externo para dar validez a las pruebas, y en que la medida carece del necesario consenso de las comunidades autónomas.
En Asturias habría que evaluar a los alumnos de 476 unidades de sexto de Primaria (niñas y niños en torno a los 12 años) con profesores externos.
