Agustín Iglesias Caunedo ha asegurado a la juez que la devolución de los avales de Tribugest, que la juez liga a los viajes pagados por Aquagest, se justificaron por los informes del interventor. Caunedo negó cualquier conversación con la empresa para retirar las acciones legales contra esta empresa y acordar finalmente la devolución de los avales.

Las acusaciones populares resaltaron al final de la declaración, que duró una hora, que el exalcalde había contestado buena parte de las preguntas con un "no recuerdo" o "no me consta", y se mostraron poco satisfechas, al considerar que no ha aclarado las cuestiones que están sobre la mesa. Respecto a los viajes de los "putiferios", Caunedo declaró lo ya sabido. Fueron viajes de amigos y cada uno pagó los costes de su bolsillo, aunque pusieron un poco más para costear el viaje de Cristina García Montes.

Por su parte, el presunto conseguidor de la trama Aquagest, Joaquín Fernández, y el exconcejal gijonés Manuel Pecharromán se han acogido a su derecho a no declarar.

Caunedo llegó arropado por tres concejales del Ayuntamiento

El exalcalde de Oviedo fue el primero en llegar a declarar a los juzgados de Lugo, acompañado de su abogado, Pelayo Mijares, su mujer, Gema Lana, parte del grupo popular en el Ayuntamiento de Oviedo, entre los que se encontraban Covadonga Díaz, Belén Fernández y Gerardo Antuña, y otros cargos del PP, como el senador Mario Arias. Con gesto serio, Caunedo tan solo señaló que "estaba tranquilo".

El exconcejal popular gijonés Manuel Pecharromán llegaba minutos más tarde, a las diez y cuarto de la mañana, con su abogado Ignacio Álvarez Buylla. No hizo declaraciones. Sí Joaquín Fernández, el supuesto conseguidor de la trama Aquagest, que ha entrado en el juzgado instantes después y ha señalado que está "muy tranquilo y con la conciencia muy tranquila, muy bien".

Pecharromán fue el primero de los declarantes en abandonar el juzgado, a las once y veinte de la mañana. Dijo estar "muy tranquilo". El exconcejal está investigado por un presunto delito de cohecho, por los viajes que realizó en 2009 con cargo a Aquagest.

El expresidente del PP de Aviles, Joaquín Arestegui, y su mujer, la exconcejal Carmen Vega, han llegado a los juzgados de Lugo a las cinco menos diez de la tarde, junto a su abogado Sergio Herrero. Ninguno de los tres ha hecho declaraciones a la prensa antes de comparecer ante la juez Pilar de Lara. Ambos se han negado a declarar, ejerciendo el derecho que les asiste. Las comparecencias de ambos han durado cinco minutos. Los dos han abandonado los Juzgados a las cinco y veinte de la tarde

Arestegui está imputado por los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de dinero, prevaricación y cohecho. En las anotaciones del ordenador de Joaquín Fernández, él conseguidos de Aquagest, figura que había 360.000 euros comprometidos para el dirigente popular, de los que se habrían hecho efectivos unos 108.000 en forma de obras y dinero contante y sonante. La juez admitió documentación de IU de Aviles sobre los sobrecostes de las obras de Aquagest en Aviles que la juez sospecha tendrían relación con el dinero entregado a Arestegui.

Jornada clave en el "caso Pokémon"

Hoy es una jornada clave. Además de estas tres declaraciones, a las cinco de la tarde está prevista la declaración de Aréstegui y su mujer. También ha sido convocado a esta sesión de tarde Joaquín Fernández, lo que hace pensar que la juez De Lara podría someter a un careo a los intervinientes.

Agustín Iglesias Caunedo, defendido por el abogado ovetense Pelayo Fernández Mijares, tiene recurrida su imputación. Considera que ha dado explicaciones sobradas. Pagó las excursiones, dice, de su bolsillo. Una cantidad se la proporcionaron unos familiares y otra la guardaba en casa tras sacar dinero del banco para efectuar una compra que finalmente no realizó. Caunedo ha negado además que estos viajes fuesen una compensación por devolver a Tribugest, una empresa de Aquagest, un aval de 403.000 euros en el Ayuntamiento de Oviedo. Esa decisión, a su juicio, fue legal y avalada por los técnicos.