Joaquín Fernández, el "abrelatas" de Aquagest en Asturias -como se aprecia en las grabaciones del caso hechas a directivos de la compañía-, era ayer un hombre tocado. Llegó con gesto duro, pero cuando salió, tenía los ojos enrojecidos. Y es que los apuntes que volcaron de su ordenador ha llevado a sus amigos del alma a tener que comparecer, en calidad de imputados, ante la juez De Lara. No quiso hacer declaraciones, salvo señalar que esta "muy tranquilo y con la conciencia tranquila, muy bien".

Su letrado, Luis Tuero, pidió un poco de árnica para él. "Está sufriendo un calvario personal", aseguró el abogado, cuya línea de defensa apunta a los errores de procedimiento que se han podido cometer en la investigación. Y es que por un lado, según Tuero, las pesquisas fallan por las escuchas, que habrían violado el derecho al secreto de las comunicaciones de su cliente.

Por otro, al letrado le entran dudas respecto a la cadena de custodia de la documentación incautada a su cliente en su ordenador, la clave de bóveda de esta parte del "caso Pokémon". El contenido fue volcado en un disco duro, supuestamente el 14 de febrero de 2013, cuando se produjo el registro del domicilio de Fernández. Y desde ese momento hasta su envío al Juzgado pasó año y medio, durante el cual esos contenidos pudieron ser manipulados.

A Tuero tampoco le gusta que su cliente haya sido llamado a declarar ante la juez De Lara, después de que ella misma se haya inhibido del caso ante la Audiencia Nacional, que deberá decidir en breve si se hace cargo de esta macroinstrucción. Es por todos estos motivos, y no porque "tenga algo que ocultar ni sea culpable de algo", por lo que Joaquín Fernández decidió no declarar ayer.