Unos buscan irregularidades y beneficiarios directos o indirectos. Otros prefieren centrarse en las soluciones. La comisión de investigación de las listas de espera sanitarias, que ayer quedó constituida en la Junta General, comenzará su andadura en las próximas semanas con una diversidad de objetivos que invita a vaticinar una disparidad de criterios en la petición de comparecencias.

Podemos, impulsor de la comisión, anticipó ayer su intención de que declaren el actual consejero de Sanidad, Francisco del Busto, y su antecesor, Faustino Blanco. Otra línea de fuerza de la estrategia del partido morado apunta a la sanidad privada. "Hay grandes beneficiarios de las listas de espera que están haciendo grandes negocios", señaló el diputado Andrés Fernández Vilanova, elegido por asentimiento presidente de la comisión, quien agregó que con el incremento de las demoras en los centros públicos "han crecido los aseguramientos y la asistencia privados", lo que podría ser una "malversación" de recursos públicos. Por eso Podemos pretende llamar a declarar a responsables de entidades aseguradoras y de clínicas privadas. Y también a médicos que compaginan la asistencia pública con la privada, en quienes ven "posibles conflictos de intereses". Vilanova considera que los comparecientes deberían responder a las preguntas "salvo que se les pidiesen datos de pacientes concretos", en cuyo caso sí vería justificada la apelación al secreto profesional.

Entre tanto, el diputado del PP Carlos Suárez anunció que su partido no buscará tanto "manipulaciones de las listas de espera en el pasado" como "una actitud constructiva encaminada a resolver el problema", que en el momento actual afecta a 131.118 pacientes de la región, de los que 18.700 aguardan una operación, 39.563 una prueba diagnóstica y 72.855 una primera consulta. Sobre esta premisa, los populares tienen previsto llamar a declarar, entre otros, a jefes de servicio de especialidades quirúrgicas o a técnicos hospitalarios de las listas de espera. "Creemos que puede haber problemas derivados de la falta de uniformidad de criterios a la hora de contabilizar las esperas", precisó Carlos Suárez.

Fernández Vilanova anunció que la comisión comenzará solicitando documentación a la Administración sanitaria, y que alrededor de un mes después podrían arrancar las comparecencias. Podemos estima posible, pero no seguro, que las conclusiones estén listas antes del próximo verano.