La incertidumbre sobre la situación política nacional repercute directamente en la administración periférica que el Estado mantiene en Asturias. Más de medio centenar de cargos de confianza están en el aire y la continuidad o relevo de otros tantos puestos adscritos dependerá de que el PP siga al frente del Gobierno o, por el contrario, dé paso a un Ejecutivo liderado por el PSOE.
El punto neurálgico que podría estar sujeto a un mayor número de cambios es la Delegación del Gobierno en Asturias, un órgano del que dependen directamente más de una veintena de puestos y cargos de responsabilidad y que actualmente dirige Gabino de Lorenzo. Además de su equipo de confianza, cuya continuidad dependería de la permanencia en el puesto del propio De Lorenzo, dispone de cinco áreas funcionales, Fomento, Industria y Energía, Agricultura y Pesca, Sanidad y Política Social y Trabajo e Inmigración, al frente de las que están otros tantos directores. Estos puestos no son de naturaleza política y suelen estar ocupados por funcionarios del grupo A que son elegidos mediante el sistema de libre designación. Además de la Delegación del Gobierno dependen también la Unidad de coordinación contra la violencia sobre la mujer y la alta inspección de Educación. Las jefaturas de Protección Civil, la Policía y de la Guardia Civil son otros de los puestos sujetos a la posibilidad de cambio en caso de relevo político si bien es cierto que en Asturias tras las elecciones generales de 2011 apenas hubo modificaciones. De hecho, Baldomero Araujo fue el único jefe superior de Policía de toda España que permaneció en el mismo destino tras la victoria del PP, un puesto en el que siguió hasta su jubilación. La Delegación especial de Economía y Hacienda, la Demarcación de Carreteras y la de Costas, la Jefatura Provincial de Tráfico, el centro penitenciario de Villabona y la Gerencia de Justicia son puestos también de libre designación, siempre entre funcionarios, y la decisión de posibles relevos está en manos del gobierno de turno al igual que ocurre con el Centro de Seguridad Marítima de Veranes (Gijón).
El relevo político no sólo afecta a altos cargos o puestos de confianza de la administración central sino también a las empresas públicas con presencia en la región, entre las que destaca Hunosa, cuyo equipo de dirección actual, encabezado por la presidenta Teresa Mallada, está a expensas de lo que suceda con la investidura del Presidente del Gobierno, o la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas del Norte (Acuanorte) de la que es directora general Isabel Pérez Espinosa, exportavoz del PP en la Junta General del Principado.
Las jefaturas en Asturias de las empresas Tragsa y Sepide se encuentran en la misma situación. Ambas han estado esta última legislatura en manos de responsables vinculados a la política como es el caso de Ramón García Cañal, elegido ahora para el Congreso, y de Joaquín Aréstegui, que salió de Sepide al estar imputado en la trama del agua.
