El Principado atiende a más de 3.600 niños y sus familias en riesgo de pobreza o exclusión social. Tutela además a 400 y tiene a más de 600 en acogimiento. Para desarrollar esta política de atención a la infancia, el Gobierno regional destina al año más de 30 millones de euros, por encima de la media nacional, pero es necesario cambiar la estrategia de trabajo. Para ello, el Ejecutivo ha recuperado el Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia, cuyo consejo rector se constituyó ayer y que tiene dos objetivos claves: elaborar un nuevo plan de actuación regional y una nueva ley de Protección del Menor de Asturias, para adaptarse a los requisitos que desde julio impone la nueva legislación nacional.

El último informe sobre infancia en Asturias, elaborado por Unicef, reveló que uno de cada cuatro niños en la región está en riesgo de pobreza o exclusión social (26,7%), mientras que la media nacional está en el 32,6%. Pero la tasa de los menores que sufren carencia material severa es superior en el Principado (10,4%) que la media del país (8,3%). Se entiende que están en esta situación los hogares que no cumplen al menos cuatro de los siguientes requisitos: no tener retrasos en pagos de vivienda (hipoteca o alquiler) o en las compras a plazos; mantener la casa a temperatura adecuada en los meses fríos; hacer frente a gastos imprevistos; una comida de carne, pollo o pescado cada dos días; ir de vacaciones una vez al año; un coche; una lavadora; una televisión en color, y un teléfono.

El Instituto de la Infancia se enmarca en el organigrama de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Su titular, Pilar Varela, explicó ayer que este organismo, que había desaparecido en 2011 con la llegada de Foro al Gobierno regional, se recupera ahora "para evitar situaciones de desventaja educativa, sanitaria, económica y social que se puedan dar entre los niños de Asturias".

La Consejera defendió la necesidad de una intervención coordinada y transversal entre el Principado y los ayuntamientos. De ahí que formen parte del consejo rector del Instituto, que contará con un total de diez miembros, entre ellos directores generales de Educación y Sanidad además de Servicios y Derechos Sociales. También contará con la participación del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, que actuará como órgano de asesoramiento, y con la Comisión del Menor, que apoyará en las funciones de protección que la Administración tiene encomendadas. Habrá dos representantes de los ayuntamientos, que serán elegidos entre los de menor y mayor población infantil, que corresponden a los municipios de Oviedo e Illas. El consejo se reunirá dos veces al año.