Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) acumula todos los años una deuda que supera el millón de euros por los servicios prestados y no cobrados a los residentes que fallecen en sus instalaciones. Es ese dinero el que se factura a los herederos cuando el usuario fallece, en cuantías que oscilan entre los 3.000 y hasta los 70.000 euros. La Federación de asociaciones de familiares del ERA exigieron ayer "una vez más" al Principado que se envíe información detallada mensual sobre lo que paga el usuario y por qué conceptos, además de especificar la deuda que acumula.
José López, vicepresidente de la Federación de asociaciones de familiares del ERA, afirmó ayer que este colectivo lleva "años reclamando al Gobierno regional que aclare las cuentas, porque nos sentimos engañados. Aquí nadie sabe cuánto debe, ni los conceptos por los que se paga y nos encontramos de repente con que se debe mucho dinero".
Pero el Principado quiere evitar por todos los medios que estos pasivos prescriban, de ahí que la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, haya planteado la necesidad de aumentar los recursos humanos y materiales para facilitar la información a los familiares y acelerar los procedimientos para cobrar.
El origen del conflicto se remonta al año 2007, cuando se aprobó la Ley de Dependencia y se paralizaron las liquidaciones a la espera de que fuera aprobado el decreto que regulaba el copago de servicios especializados, al no estar clara su aplicación.
El decreto del copago entró en vigor el 1 de enero de 2011, pero las liquidaciones pendientes desde 2007 no se retomaron hasta junio de 2012, con el gobierno del PSOE. Estaban pendientes de tramitar 4.448 expedientes. Al cierre del ejercicio de ese año el ERA tenía sin cobrar 91 millones de euros. La reclamación de las deudas a los herederos prescriben a los cuatro años, con lo que por el retraso acumulado, el ERA dejó de ingresar más de 10 millones de euros por los servicios prestados.
La polémica estalló cuando el Principado empezó a reclamar el abono de aquellas deudas pendientes a herederos de antiguos usuarios fallecidos hacía tres años y en algunos casos incluso casi los cuatro, rozando el límite temporal para reclamar la deuda.
La legislación establece que quien hereda dinero y patrimonio también hereda las deudas. Así que de repente, el Principado empezó a liquidar expedientes pendientes y cientos de familias se encontraron con que tenían que abonar cuantías de miles de euros cuya existencia desconocían
La Consejera de Servicios y Derechos Sociales insistió el pasado jueves en el Parlamento asturiano en que "aquí no se ha engañado a nadie y no hay nada oculto. El contrato que se suscribe con el ERA especifica que existe un precio público y las condiciones: el porcentaje que se cobra todos los meses y que el resto se acumula como deuda. También se indica que la familia puede abonar esa diferencia si quiere".
Un ejemplo real sería el siguiente. La plaza pública en una residencia del ERA cuesta 1.200 euros, y el usuario cobra una pensión de 800, de la que el 75% como máximo es para el Principado, es decir, 600 euros -las extraordinarias no computan-. Los otros 600 se acumulan como deuda, o si la familia lo prefiere, lo puede abonar al mes o liquidar al año. Si no lo hace, el ERA liquida cuando el usuario abandona la residencia o fallece.
