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Embargo para las familias que no paguen en 60 días su deuda con los geriátricos

El Principado pretende que no prescriba ningún expediente ni se perdone cuantía alguna a los herederos

Embargo para las familias que no paguen en 60 días su deuda con los geriátricos

Hacienda cobrará por vía ejecutiva a los herederos las deudas pendientes de las personas que hayan disfrutado de una plaza en una residencia de mayores del Principado y tengan acumulado pasivo cuando fallecen. El objetivo del Gobierno regional es que no prescriba ningún expediente ni se perdone cuantía alguna, siempre que el usuario haya tenido recursos económicos o patrimonio para abonar los pagos. De no hacerlo, el Fisco iniciará embargos de bienes.

Los herederos de un anciano que haya fallecido en una residencia pública y haya acumulado deuda con el Principado tienen un plazo de 30 días para negociar cómo pagarla desde que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales le gire la liquidación. En ese plazo también pueden comunicar que abonarán el total del débito, con lo que ganará otros 30 días. Pero pasado ese tiempo, el Principado utilizará la vía ejecutiva para cobrar la deuda. Es decir, lo hará a través de Hacienda, lo que supone que los herederos deben responder incluso con su patrimonio.

El conflicto viene causado por el hecho de que Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) dejó de liquidar cuentas con los residentes desde el año 2007, cuando entró en vigor la Ley de Dependencia, a la espera de que se aprobara el decreto regulador del copago de servicios especializados, por la incertidumbre que existía sobre su aplicación. El decreto entró en vigor el 1 de enero de 2011, pero no fue hasta junio de 2012, con el PSOE otra vez en el Gobierno regional, cuando se retomaron las liquidaciones pendientes. Eso es lo que provocó que a miles de asturianos le llegaran facturas por deudas de entre 3.000 y 70.000 euros por familiares fallecidos en residencias públicas incluso casi cuatro años antes -tiempo límite para que prescriban las deudas-.

El Principado asegura que el residente paga en función de su capacidad económica, aunque los familiares de los usuarios aseguran que no es cierto, ya que finalmente terminan abonando íntegramente el coste de la plaza (1.200 euros), sin bien admiten que aquellos que no tienen recursos, no pagan. El cálculo para deducir lo que debe abonar el residente se realiza sumando su pensión más las pagas extras, los ahorros, y el patrimonio. En la práctica, el Principado cobra el 75% de la pensión y el resto se acumula como deuda, que la familias pueden pagar al mes, al año o esperar a que el usuario abandone la residencia o fallezca y liquidarlo todo junto.

El 25% de la pensión más las pagas extraordinarias quedan para los gastos del residente. Además, el precio definitivo de la plaza depende del grado de dependencia (más caro cuanta más atención se precisa).

La Consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, insistió en la Junta General en su última comparecencia en que "los servicios públicos no son gratuitos", y que quien tiene recursos debe pagar "para asegurar la sostenibilidad del sistema, para beneficios de todos". Asumió las duras críticas de los familiares de residentes en el residencias públicas por la falta de información y la necesidad de certificar periódicamente los abonos realizados y la deuda acumulada. Pero también reclamó tiempo y medios humanos y materiales para sacar adelante el trabajo atrasado.

Entonar el "mea culpa" no ha sido suficiente para apaciguar el enfado de los afectados, que exigen saber qué y cuánto se paga.

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