Pedro Castillejo, exsecretario del Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide), fundación del SOMA, tendrá que volver a declarar el próximo día 3 como investigado por la demanda interpuesta por el sindicato minero contra su exsecretario general, José Ángel Fernández Villa. Pero no será el único. También lo tendrán que hacer, en calidad de testigos, otros dirigentes: José Antonio Postigo, expresidente del Montepío de la Minería; José Luis Alperi, actual secretario del SOMA y presidente de la Fundación Infide; Aquilino Ronderos, tesorero del sindicato; Jesús Sánchez, trabajador de Infide, y la que fuera secretaria personal del líder minero durante años, Carmen Blanco, que ya había declarado en enero.
Según las fuentes consultadas, estas declaraciones son consecuencia tanto de las investigaciones como de las últimas declaraciones de principios de febrero, cuando acudieron a testificar en calidad de testigos el contable del Infide y del SOMA, Juan Cigales; el secretario de la junta administradora, Amalio Fernández, y el tesorero de la fundación, Víctor Manuel González.
Los tres coincidieron en que Pedro Castillejo era la única persona que trabajaba en el Infide, hasta el punto de que "lo hacía todo". De ahí que también hubiera coincidencia al declinar responsabilidades propias. Pero no sólo en eso. También señalaron que ni en el SOMA ni en su fundación existía una mínima mecánica contables para registrar y justificar los ingresos y los gatos, una parte importante de ellos sin justificar, y que tampoco se había aprobado en ningún órgano el abono de dietas.
El abogado de Castillejo, Alfredo García, afirmó entonces que en la contabilidad analizada "había entradas de miles de euros sin origen conocido y con salida sin destino registrado". Por contra, añadió que los gastos realizados por su representado "se hicieron todos con tarjeta, con lo que se podrán demostrar los movimientos y que no se ha quedado con nada".
Las fuentes consultadas indicaron ayer que "en el transcurso de las declaraciones surgen nombres de personas con cierta responsabilidad a las que la juez llamará para tomar declaración como testigos", que es el caso de los convocados el próximo día 3. Pero también señalaron que "tras estas declaraciones seguro que vendrán más, porque a medida que la juez avanza en la investigación, van surgiendo situaciones, más nombres y más cuestiones que hay que aclarar".
El SOMA-FITAG-UGT reclama a José Ángel Fernández Villa 360.000 euros que presuntamente habría cobrado de gastos sin justificar y por apropiarse, supuestamente, de las dietas del comité intercentros de Hunosa que correspondían a los delegados sindicales. También se reclaman 72.000 euros a Pedro Castillejo.
