La dirección de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) ha aceptado el recurso presentado por un familiar de una persona fallecida, a la que le había reclamado una deuda ligeramente superior a los 10.000 euros derivada de un ingreso en una residencia del Principado. Según el abogado del recurrente, el avilesino Juan Carlos Payer Ramírez, el ERA reconoce en un escrito fechado el pasado 26 de enero que no se generó dicha deuda y que, por tanto, queda sin efecto su petición económica.

El letrado asegura que en este caso no hay ninguna connotación especial que pueda diferenciarlo de la treintena de recursos similares presentados con anterioridad y que no fueron atendidos por la Administración. "Desconozco si se trata de la interpretación de los técnicos que estudiaron el recurso o si es que hay una orientación política que la guíe", afirma el letrado. Fuentes de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales negaron ayer que haya instrucciones en uno u otro sentido.

El abogado avilesino reconoce que el contrato que se firma para ingresar en una de las residencias del ERA establece que puede ser exigible el abono de la diferencia entre lo que paga el interno de acuerdo a la cuantía de su pensión, con un máximo del 75% de ese ingreso, y el precio real de la plaza, que es de 1.200 euros mensuales. Sin embargo, apunta que la clave para recurrir es que "lo que se les dijo de palabra a los afectados no fue eso; se les dijo que no iban a pagar más, que no se acumulaba deuda alguna". "Estamos ante un caso similar al de las Preferentes: tenían unas condiciones, pero la gente firmó sin la suficiente o correcta información y, ahora, el Tribunal Supremo decreta que hay que devolver esos depósitos", explica.

"Como las Preferentes"

En todo caso, el letrado considera "paradójico" que la resolución del ERA dejando sin efecto una deuda coincida con la advertencia de que Hacienda cobrará por la vía ejecutiva a las familias que no paguen, con el objetivo de que no prescriba ningún expediente y que no se perdone cuantía alguna. "Por un lado te dan la razón en el recurso y, por otro, dicen públicamente todo lo contrario", apunta Payer.

Tras haber obtenido esta resolución de la dirección del ERA, el primer consejo del abogado a quienes se enfrenten a una reclamación económica del Principado por una deuda contraída por familiares ya fallecidos es que "se informen jurídicamente, con un profesional y no con un determinado partido político", en alusión a Podemos. "Eso sí, si se tratase de un familiar o de un amigo mío, yo le diría que recurriese para no pagar", abunda el abogado, quien resalta la labor que está llevando a cabo la plataforma de afectados por estas reclamaciones que se ha organizado en Avilés y a cuyo frente está Ángel Rodríguez.

Críticas de Podemos

La diputada de Podemos Rosa Espiño criticó ayer, a través de un comunicado, que la Administración está tramitando estas reclamaciones "sin información, sin facturas previas y cuando, después de haber pasado años desde que finalizó el servicio de la plaza residencial, el ERA empieza a realizar liquidaciones de una forma sibilina". Según sus datos, a día de hoy aún hay 3.634 expedientes pendientes, de los cuales 2.142 no han sido comunicados. "Es decir, a más de 2.000 personas no les ha sido comunicada la liquidación definitiva de la deuda generada", apuntó Espiño. "La Consejera reconoce que la deuda reclamada a los familiares ascendería a unos 91 millones. Esto supone una cantidad cercana al presupuesto anual destinado al organismo, de 107 millones de euros", subrayó la parlamentaria.