La decisión del Ayuntamiento de Oviedo de devolver 400.000 euros en avales a la empresa Tribugest, del mismo grupo que Aquagest, la tomó el interventor municipal, José Luis González. Él mismo lo declaró ayer ante la juez Pilar de Lara, que instruye el "caso Pokémon", y asumió la responsabilidad excluyendo tanto de la negociación como del acuerdo al entonces edil de Hacienda, Agustín Iglesias Caunedo.
Aunque fue Caunedo quien rubricó el acuerdo, la motivación jurídica de la decisión fue cosa del interventor municipal. José Luis González declaró durante casi tres horas como testigo. Los investigadores del "caso Pokémon" sospechan que el aval devuelto a Tribugest guarda relación con los viajes que realizaron Agustín Iglesias Caunedo, Manuel Pecharromán (exconcejal del PP de Gijón) y Joaquín Fernández (exvicesecretario de Comunicación del PP, empleado en Aquagest y considerado un presunto conseguidor de favores políticos de la trama). Los viajes coincidieron en el tiempo con la firma de la devolución del aval, en el año 2009, y según los investigadores parte de los desplazamientos y alojamientos fueron facturados a Aquagest. Caunedo y Pecharromán han sostenido que pagaron en mano a Fernández, versión corroborada por él.
El interventor del Ayuntamiento de Oviedo explicó, según coincidieron en señalar los letrados que asistieron a su declaración, que tras consultar abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo y de varios tribunales de justicia, llegó a la conclusión de que era más beneficioso para el Consistorio abonar el dinero que entrar en un proceso judicial en el que con casi toda seguridad tendrían que pagar una cuantía superior. Además, negó que Caunedo o cualquier otro concejal del ayuntamiento ovetense hubiera recibido presiones, e insistió en que actuó por iniciativa propia.
A preguntas de la juez sobre cómo sabía que la Junta de Gobierno iba a dar el visto bueno a su informe, negó connivencia ni acuerdo previo, y admitió que sus informes no son vinculantes pero suelen tener el visto bueno de los políticos.
Pelayo Mijares, abogado de Caunedo, se mostró satisfecho tras la declaración del interventor municipal ovetense. "No exoneró a Caunedo, sino que defendió sus informes, confirmó que son legales y que el acuerdo de la Junta de Gobierno que los asumió se ajustó a la legalidad". También añadió que tras esta declaración, su cliente tiene "la misma tranquilidad ahora que antes". Luis Arias, abogado del Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias, indicó que la declaración del interventor había supuesto avances significativos porque asume responsabilidades exculpando a Caunedo.
Sobreseimiento
José Vázquez, letrado de Manos Limpias, no quiso concretar si la declaración satisfizo las pretensiones del sindicato. El abogado Fernando Barutel indicó que la declaración del interventor ha sido "definitiva". "Entiendo que es una de las conclusiones más importantes", afirmó.
Fuentes jurídicas señalaron que lo más probable es que Agustín Iglesias Caunedo solicite el sobreseimiento de su imputación en el caso, máxime a la luz de la declaración del interventor. Aunque el exregidor ovetense declaró que pagó los viajes con dinero que le habían dado sus tías y su madre, si la juez no creyese esa versión y mantuviese que los abonó Aquagest sólo podría atribuirle un cohecho impropio, delito que ya habría prescrito. Las mismas fuentes recalcaron que sólo una relación entre Agustín Iglesias Caunedo y la devolución del aval podría justificar que el exalcalde ovetense continuase investigado.
