La patronal asturiana FADE quiere trasladar las ayudas a la contratación en el ámbito de las políticas activas de empleo a la contratación directa. Es decir, que sean las propias empresas las que reciban bonificaciones por contratar a personas o colectivos en riesgo de exclusión. Pero no sólo eso. Reclamará al Principado que impulse la contratación de empresas, servicios y trabajadores de la región cuando sean las foráneas las que logren contratos o realicen inversiones en Asturias.
Los sectores del metal y de la construcción lideran esta propuesta, que quieren trasladar a las negociaciones del pacto de concertación, al entender que las compañías asturianas tienen suficiente calidad y experiencia como para desarrollar trabajos que generalmente no logran porque empresas foráneas ofertan precios más bajos o porque las de aquí no tienen tamaño suficiente para competir.
La condición de preservar el contenido local, es decir, que empresas adjudicatarias foráneas tengan que cumplir con un porcentaje de contratación en el lugar donde se va a desarrollar el trabajo, es una práctica común en otras comunidades autónomas y en otros países. Pero según los empresarios, en Asturias no sólo no se exige sino que ni se plantea, empezando por las adjudicaciones que realiza el Gobierno regional.
Fuentes empresariales pusieron como ejemplo las futuras obras anunciadas por Arcelor-Mittal en las plantas asturianas, e indicaron que en Asturias existen ingenierías y empresas del sector metalmecánico con suficiente calidad y experiencia como para participar en el proyecto.
El sector de la construcción ha planteado incluso ir más allá, con una propuesta más amplia que consistiría en incluir cláusulas sociales en los contratos públicos. El objetivo es impulsar el sector y el empleo, a la vez que se evita la competencia de empresas foráneas que, aprovechando el sistema de adjudicación por subasta, han provocado un desplome de los precios de contratación de hasta el 60%, subcontratando personal que se convierte en falsos autónomos e incumpliendo lo establecido en el convenio del sector en Asturias.
El ayuntamiento de Avilés fue pionero a nivel nacional en la aplicación de cláusulas sociales para contratar obras, servicios y suministros por importe superior a 400.000 euros y un plazo de ejecución mayor de cuatro meses. La iniciativa se puso en marcha en 2009 y según explicaron fuentes municipales, ha sido un éxito porque se ha conseguido integrar en el mercado laboral a personas con especiales dificultades, como parados de larga duración y mayores de 50 años, o mujeres víctimas de violencia de género que han podido rehacer su vida.
La subasta, modelo por el que se adjudican las obras públicas en Asturias, sólo tiene en cuenta el precio, y el contrato se lo lleva el que presenta la oferta más barato.
Este sistema, advierten los agentes sociales, no es el más eficaz, porque a la larga provoca mala calidad en los materiales, obras sin acabar, renegociación de contratos, problemas de seguridad laboral y con las subcontratas, y un largo etcétera de complicaciones añadidas. Otras autonomías utilizan para sus adjudicaciones criterios que incluyen cláusulas sociales y que acercan más las contrataciones a las condiciones propias de un concurso que al de una subasta. Y eso es lo que los agentes sociales reclaman al gobierno asturiano.
Según las fuentes consultadas, el sector de la construcción quiere que puntúe, por ejemplo, que las empresas que se lleven el contrato para ejecutar una obra pública cumpla estrictamente con el convenio del sector en Asturias, no sólo en lo que se refiere a las condiciones salariales, sino también en el control y vigilancia de las subcontratas, el control para evitar la presencia de falsos autónomos, la aportación a la Fundación Laboral y, en definitiva, el texto en su conjunto.
Uno de los temores que se plantea a la hora de implantar alguna de estas propuestas es que sean ilegales, al incumplir el principio de la libre concurrencia.
El modelo local
El Ayuntamiento de Avilés ya tiene amplia experiencia en este tipo de adjudicaciones, que aplica en contratos no sólo de obra pública, sino también de servicios y suministros como puede ser desde la ayuda a domicilio hasta los comedores escolares o el cuidado y mantenimiento de jardines. "Hay empresas que trabajan gracias a los contratos de las administraciones, y entendemos que por tanto están obligadas a ser corresponsables, creando empleo y cohesión social", explicaron fuentes del consistorio avilesino.
Con este sistema se ha favorecido a muchas personas con dificultades para su inserción laboral, como parados de larga duración, mayores de 50 años, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género, entre otros colectivos. "Favorecer la contratación de determinados grupos de población en riesgo de exclusión no es ilegal", señalaron.
