La magistrada Simonet Quelle Coto tomó ayer declaración a más testigos del caso, y también escuchó a otro de los investigados por la querella del SOMA, el exgerente del Infide, Pedro Castillejo. La más esperada era la declaración del que fuera mano derecha de José Ángel Fernández Villa, José Antonio Postigo. Según quienes le escucharon, se mantuvo fiel a su mentor. Ante los medios, se mostró con gesto adusto, y no se permitió ninguna de las bromas de sus anteriores comparecencias. "He estado callado mucho tiempo y no voy a hablar ahora, hablaré cuando tenga que hablar", aseguró, a la puerta de los juzgados de Oviedo.

Postigo aseguró que el coche Mitsubishi Montero del que se habría apropiado Villa, según la querella del SOMA, en realidad fue pagado por el líder minero, ya que en su condición de minusválido podía tener un precio mejor. Luego, el sindicato, dijo, le fue devolviendo el dinero mensualmente. El coche no era de Villa , sino que era utilizado por otros miembros del sindicato, indicó. El exsindicalista expresó su opinión de que las querellas contra Villa y Castillejo no se deben a problemas contables, sino que son fruto de un enfrentamiento en el seno del sindicato.

En la declaración no se tocaron temas que le afectasen directamente, como la declaración de un testigo ante la UCO, que le imputa el cobro de comisiones por la sobras del macrogeriátrico de Felechosa. Este testigo, Constantino Suárez Ordiz, un minero liberado de Hunosa que trabajó en el SOMA, aseguró que un amigo suyo contactó con un empresario que le dijo haber tenido que pagar al entonces presidente del Montepío de la Minería comisiones para poder participar en las obras. Ese dinero le habría sido entregado en un bar de Pola de Lena. José Antonio Postigo minimizó ese testimonio: "Que declare en los juzgados, que es donde tienen que declarar los testigos".

Postigo indicó que aún no ha sido llamado a declarar por la fiscal anticorrupción que investiga la legalización por parte del líder minero de 1,4 millones de euros. El que fuera su mano derecha también afloró más de 300.000 euros, y su hija, 60.000 euros.

Ayer también prestó declaración Pedro Castillejo, al que el SOMA acusa de haber apropiado de 72.000 euros. El SOMA presentó un cronograma de las actividades del Infide en su época de gerente, criticado por el letrado de Castillejo, Alfredo García, porque no refleja todas las actividades de la fundación destinada a preservar el patrimonio documental del sindicato minero. Según García, "ya ni el fiscal pregunta", lo que le hace pensar que se está "desmontando esta maquinaria procesal infernal".

Auditar el geriátrico

Por su parte, el grupo parlamentario de Podemos en la Junta indicó que "Villa y las élites de la FSA-UGT vivían a cuerpo de rey de espaldas a los trabajadores que debían representar". Para Podemos, es preciso "auditar en su conjunto las obras del geriátrico del Montepío de la Minería en Felechosa, la única obra dentro de los fondos mineros gestionada por los sindicatos, saldada con sobrecostes y que apunta a Villa y Postigo".