Bruselas puede poner la "puntilla" a la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias ( Sogepsa), que ha entrado en preconcurso de acreedores por su incapacidad para hacer frente a una sentencia que le obliga a pagar casi nueve millones de euros a la UTE que se estaba encargando de las obras de urbanización del polígono de Bobes (Siero).
Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la Comisión Europea (CE) sigue adelante con la investigación para determinar si la entidad incumple desde hace décadas la normativa comunitaria relativa a la libre competencia. En el caso de que el expediente concluya que, tal y como sostienen juristas de prestigio, el Principado adjudica obras "a dedo" a las constructoras privadas que copan el 42% del accionariado de Sogepsa, la sociedad mixta deberá de modificar radicalmente su funcionamiento, para adaptarse a las demandas de Bruselas, y, además, correría el riesgo de tener que asumir los alrededor de diez millones de euros que las plataformas de afectados por las expropiaciones de Bobes y La Magdalena (Avilés) le van a reclamar en concepto de indemnización. Así lo confirma a este diario Miguel García Rúa, portavoz del colectivo avilesino.
La Comisión Europea puso en marcha esta investigación sobre Sogepsa a partir de una denuncia presentada por el despacho de Raúl Bocanegra, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, en la que se apuntaba que el Principado, a través de su presencia en Sogepsa, donde tiene mayoría accionarial, adjudica contratos de obra que deberían de ser públicos sin concurso, vulnerando los principios legales de libre competencia. Es decir, la parte pública de la sociedad tendría capacidad para expropiar terrenos para luego urbanizarlos y venderlos a constructoras privadas.
La propia consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, reconocía hace poco que, además del tema económico, Sogepsa también afronta el reto de "acomodarse" a los "requerimientos" europeos relacionados con "la concurrencia e igualdad de condiciones para la participación privada" en sociedades en las que hay una mayoría accionarial de carácter público.
Con un capital social de 22,2 millones de euros, Sogepsa está participada mayoritariamente por el Principado (45,12%), pero también forman parte de la sociedad 59 accionistas privados de la construcción (42%) y 32 ayuntamientos (12%).
El efecto de la crisis
La entidad nació en 1984 para conectar los intereses públicos y los privados, facilitando así suelo residencial a un precio asequible a los pequeños concejos de la región. El estallido de la crisis y una gestión controvertida, con operaciones en las que se pagó por el suelo muy por encima de lo fijado en las tasaciones, ha llevado a Sogepsa a una situación económica límite. Debe cerca de 150 millones de euros, en su mayor parte provenientes de la financiación de los macropolígonos de Bobes y de Lloreda (Gijón), y compromete directamente al Principado, que avala esas operaciones con 98,5 millones de euros, según los datos facilitados por Belén Fernández hace unos días en la Junta.
Sogepsa se ha quedado sin solvencia para hacer frente a los 9 millones que tiene que pagar a la UTE de Bobes porque no logra dar salida a unas existencias que dan para construir 1.100 viviendas o para ofrecer a las empresas 1,2 millones de metros cuadrados de terreno industrial.
Las memorias de la sociedad y tasaciones visadas por el Banco de España citadas por la compañía cifran el precio de los solares que se quedaron "colgados" por la crisis en más de 200 millones de euros.
Sin liquidez, pero con grandes existencias, la sociedad mixta trató de hacer frente a la sentencia del polígono de Bobes con solares vacíos de su propiedad, cuya valoración, según Belén Fernández, excedía ampliamente los 9 millones de euros. La desestimación de esta propuesta por la UTE, que quiere cobrar en metálico, y la ejecución del fallo judicial a través de un embargo de cuentas, llevó al consejo de administración de Sogepsa a acordar la comunicación del preconcurso de acreedores en el juzgado de lo Mercantil durante una reunión de urgencia celebrada el pasado 26 de febrero.
El preconcurso da un plazo de tres meses a Sogepsa para que llegue a un acuerdo con sus acreedores. En ese periodo quedan suspendidas las ejecuciones de embargo en trámite, así como el inicio de otros sobre bienes o derechos de la sociedad mixta.
