La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil imputa a Villa varios delitos, desde blanqueo de capitales a apropiación indebida, pasando por malversación de fondos públicos, castigado con penas de entra cuatro y ocho años de prisión. Este último delito se referiría a la apropiación por parte del ex líder minero de fondos procedentes de Hunosa, concretamente los que la empresa pagaba en concepto de dietas del comité intercentros, que Villa habría cobrado de forma fraudulenta, según los agentes de la Benemérita. El informe del la UCO incluye un dictamen de la unidad de apoyo de la Intervención General del Estado a la Fiscalía contra la Corrupción que da esa consideración de caudales públicos al patrimonio de la sociedad estatal Hunosa.
La UCO estima que Villa se habría apoderado de al menos 243.000 euros procedentes de las dietas que Hunosa pagaba a los miembros del comité intercentros. Eso en una época en la que Villa formaba parte del consejo de administración de la empresa pública.
Por tanto, siempre según la Guardia Civil, habría incurrido en un delito de apropiación indebida, el que cometen "los que se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia". Este delito se agravaría, y pasaría a ser de malversación de fondos públicos, al tratarse de dinero de una empresa estatal, y se relacionaría también con un presunto delito de administración desleal.
La sospecha de malversación de fondos públicos como una de las explicaciones del chocante enriquecimiento de Fernández Villa planea sobre toda la investigación. En el informe de la UCO se incluye el interrogatorio realizado a Aquilino Ronderos, responsable de la administración del SOMA-UGT, del que se desprende que una de las sospechas hacía referencia a la gestión de los fondos destinados a cursos de formación. "¿Quién es la persona encargada de tramitar los expedientes de formación del SOMA?", le preguntaron los agentes a Aquilino Ronderos. Y más adelante: "¿Se ha gestionado fraudulentamente bajo su consideración el dinero orientado a cursos de formación?".
Los agentes volvieron a insistir: "¿En alguna ocasión se le ha pedido realizar alguna irregularidad ya sea en la tramitación de algún expediente, curso de formación, etcétera?". Las respuestas de Ronderos no aclararon mucho al respecto. Cuando se le preguntó por quién tramitaba los expedientes de formación en el SOMA, indicó que el responsable había sido José Ramón Fernández, uno de los miembros del círculo de Fernández Villa, ligado además a la fundación Infide.
Durante el interrogatorio, llevado a cabo en marzo de 2015, el administrador del SOMA trasladó la patata caliente a los responsables nacionales del sindicato. Todo lo relacionado con los cursos de formación, dijo, "era controlado y fiscalizado desde la federación a nivel estatal". Ronderos negó haber recibido indicaciones para amañar expedientes. Cuando se le insistió sobre el origen de las subvenciones del sindicato, Ronderos dijo desconocerlo y volvió a mirar a las alturas. "Las subvenciones las recibe directamente la federación central en Madrid y es ella quien las reparte".
El interrogatorio a Ronderos se produjo en marzo de 2015, coincidiendo con la visita a Asturias de la fiscal anticorrupción Carmen García Cerdá.
