La Consejería de Servicios y Derechos Sociales se ha dado de plazo hasta el mes de mayo para decidir las medidas que aplicar ante las reclamaciones de los familiares de personas fallecidas en geriátricos públicos con los que hayan contraído deudas.
La consejera del ramo, Pilar Varela, explicó ayer en el consejo de administración de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), el origen del conflicto y la situación actual, tras aprobarse en el Parlamento regional una moción transaccional para pedir la suspensión de las liquidaciones mientras se resuelve si son legales y su revisión de oficio.
Varela incidió en la reunión en que necesita tiempo, al menos dos meses, para estudiar las medidas que se pueden jurídicas y económicas que se pueden desarrollar. Tras la reunión destacó que "todos han mostrado una enorme comprensión, porque hay que incorporar mucho conocimiento jurídico para encontrar una solución y asegurar la defensa del servicio público que desarrollar el ERA". La Consejería ya ha iniciado los preparativos para avanzar en la búsqueda de soluciones.
Pilar Varela planteó revisar las liquidaciones de deudas a los herederos de fallecidos en residencias públicas desde el año 2011, cuando entró en vigor el copago de la Ley de Dependencia. Pero los grupos políticos con representación en la Junta General y los colectivos de afectados reclaman que se haga desde 2007, cuando se suspendieron las liquidaciones ante las dudas que planteaba la aplicación del copago, pero que ahora el Principado reclama.
