El Principado reconoce que el expediente de la regasificadora se inició de forma ilegal pero apuesta por mirar hacia adelante para legalizar su construcción y optimizar una obra que ha costado 380 millones de euros. El consejero de Empleo, Francisco Blanco, afirmó ayer que tanto el Ministerio de Industria como la empresa Enagás ya han iniciado los trámites de una nueva licencia para no incumplir la sentencia del Tribunal Supremo sobre la regasificadora.

Blanco ofreció esa respuesta a una interpelación formulada hoy en el pleno de la Junta General por la diputada popular Emma Ramos, que cuestionó la gestión realizada por los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y Vicente Álvarez Areces.

"Nada tiene que ver la necesidad de una regasificadora con las trilerías y el desprecio al derecho por autorizar esta obra a menos de 2.000 metros de un núcleo urbano", criticó la portavoz forista Cristina Coto. El diputado Armando Fernández Bartolomé, de Ciudadanos, reclamó "la unión de todos los grupos políticos para sacar adelante una infraestructura básica para Asturias".