Es "muy dudoso" que en el concurso-oposición haya habido amaños; la sentencia perjudica a opositores inocentes, que estarían dispuestos a emprender acciones legales; y la resolución judicial es imposible de ejecutar.
Éstos son tres de los argumentos que esgrimen una parte de los médicos asturianos afectados por la sentencia del Tribunal Supremo que acaba de anular el concurso-oposición de especialistas en medicina interna celebrado en 2011, en el que 23 facultativos obtuvieron plaza fija en la sanidad pública. Según el Supremo, en el proceso selectivo se produjo una filtración de preguntas por parte del presidente del tribunal calificador a algunos de los opositores. La sentencia ordena la repetición de la oposición a partir del segundo ejercicio (el afectado por la filtración) y la designación de un nuevo tribunal.
Tras conocer la resolución judicial, la Consejería de Sanidad declaró a LA NUEVA ESPAÑA que el proceso selectivo se repetirá "lo más rápidamente que sea posible" y que, en adelante, la Administración sanitaria adoptará nuevas medidas que garanticen la imparcialidad de los evaluadores. Sin embargo, ni el contenido de la sentencia ni la reacción de la Consejería convencen a un grupo de médicos que participaron en el proceso, que están organizándose para defender sus derechos de forma conjunta y que, por el momento, prefieren no desvelar sus identidades.
El primer argumento de los discrepantes es que el Supremo no ha tenido en cuenta que uno de los casos clínicos cuya filtración da por sentada "era público", ya que "fue publicado en la revista clínica española a la que tenemos acceso todos los miembros de la Sociedad Española de Medicina Interna".
Una segunda línea argumental se refiere a la relación profesional entre una integrante del tribunal y uno de los opositores, que compartían locales de consulta en Oviedo y en Gijón. Según este grupo de facultativos, la vinculación se plasmaba en "un piso alquilado con una tercera persona, pero pasando consultas independientemente, con beneficios para ellos sólo de los pacientes que veían individualmente, es decir, sin compartir beneficios entre ellos como una sociedad". A juicio de estos facultativos, el Tribunal Supremo "genera un precedente muy peligroso, puesto que levanta la sospecha si alguno de los miembros de un posible nuevo tribunal comparte trabajo con alguno de los examinados". Los discrepantes con la sentencia argumentan que "evitar eso en Asturias es imposible, porque todos nos conocemos y gran parte de nosotros en algún momento hemos trabajado en el mismo hospital".
El tercer motivo de rechazo de la resolución del Supremo se centra en que "los 16 o 17" opositores que no recibieron la filtración de la que habla la sentencia "se ven afectados y perjudicados" por la anulación del proceso selectivo. De modo que "si los afectados tuviésemos que hacer una demanda ante el Tribunal Constitucional, claramente y tras asesorarnos, como ya estamos haciendo, podríamos alegar que en la primera prueba, al no tener ninguna información, estábamos en inferioridad de condiciones, y sin embargo ese primer ejercicio no ordena repetirlo".
Como conclusión, este grupo de médicos apela a la norma según la cual "hay dos casos en los que las sentencias no deben ejecutarse: cuando hacerlo sea ilegal o materialmente imposible". A su juicio, en este caso resulta imposible, dado que "el hecho de tener plaza en propiedad, y que esto sea en uno u otro hospital, ha condicionado la planificación de vida de cada uno de nosotros, incluidos traslados de domicilio, compra de vivienda, tener hijos?". En consecuencia, apostillan, en función de cómo sea ejecutada la sentencia por parte del Servicio de Salud del Principado (Sespa) "puede dar lugar a demandas hacia la Administración por indefensión y daños y perjuicios".
